Gobierno aprueba proyecto de ley para digitalización y modernización del sector financiero

Madrid, 14 jul (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley por el que se modifican diversas normas para la digitalización y modernización del sector financiero y, que entre otras medidas, completa la aplicación de la normativa europea sobre criptoactivos (MiCA), o relanza el 'sandbox' financiero.

Asimismo, el citado proyecto de ley, que será remitido a las Cortes Generales, refuerza la ciberseguridad y la resiliencia operativa del sistema de pagos (DORA), y abre los pagos a nuevos operadores y moderniza infraestructuras críticas como Iberpay.

La norma, según explica el Ejecutivo en un comunicado, adapta la legislación española al marco europeo y "actualiza áreas clave del sistema financiero para aprovechar las oportunidades de la digitalización sin renunciar a la protección de los usuarios ni a la estabilidad financiera".

Con ella, ha añadido, se traspone la regulación europea con incidencia en la digitalización financiera, "prestando especial atención a la reducción de cargas administrativas".

"El objetivo es un sector financiero más competitivo y seguro, que aproveche las ventajas de la digitalización, mitigando sus riesgos, como los ciberataques, o las posibles discontinuaciones de servicio por fallos tecnológicos", manifiesta.

La norma garantizará la correcta aplicación en España del Reglamento europeo de resiliencia operativa digital (DORA), la norma de referencia en ciberseguridad del sector financiero, y establece un régimen de infracciones y sanciones para los incumplimientos.

También refuerza la supervisión del Banco de España sobre determinados operadores de los sistemas de pagos (operadores, procesadores y esquemas de pago electrónico) incluyendo la selección y relación de estos con sus proveedores tecnológicos.

Tras la aprobación de la norma y en aplicación del Reglamento europeo de criptoactivos (MiCA) y el Reglamento de transferencias de fondos, los proveedores de servicios de criptoactivos pasarán a ser sujetos obligados de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, como cualquier entidad financiera.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se encargará del registro de entidades autorizadas y también de la supervisión de la publicidad de criptoactivos, pudiendo exigir que se modifique, se suspenda o se prohíba.

En el ámbito de los pagos, la ley introduce medidas para fomentar la competencia. Entre ellas, las entidades de pago y de dinero electrónico podrán acceder directamente a los sistemas de pago, sin necesidad de hacerlo a través de un banco, en línea con las modificaciones incorporadas a través del Reglamento europeo de pagos inmediatos.

Al mismo tiempo, la norma incorpora elementos de soberanía estratégica, como las adquisiciones que supongan el control de Iberpay —infraestructura crítica del sistema de pagos español— requerirán una autorización administrativa previa, que podrá denegarse cuando existan riesgos para su adecuada gestión.

La norma nombra también al Banco de España autoridad competente para supervisar el cumplimiento de la normativa europea de pagos (SEPA) por parte de las administraciones públicas.

Por otro lado, la norma transpone la directiva que conecta a España con el Punto de Acceso Único Europeo (ESAP), el repositorio que reunirá en un formato común y estandarizado la información financiera y no financiera que las empresas divulgan públicamente.

Gestionado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), estará operativo a partir de 2027 y facilitará el acceso de los inversores a esa información, impulsando la transparencia y la liquidez de los mercados.

La norma incluye la renovación del 'sandbox financiero' —el espacio controlado de pruebas— para aumentar su uso, visibilidad y seguridad.

Entre otras medidas, las empresas podrán presentar sus proyectos en cualquier momento del año, se reducen las cargas y los costes de participación, y contará con una línea especifica de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO). EFE