La familia rechaza un acuerdo e irá a juicio para exigir la responsabilidad de la Xunta en un fratricidio en Vigo

Las acusaciones particulares, que representan al viúdo, hijos, hermanos y nietos de Mari Carmen D.E., asesinada por su hermano en abril de 2024 en el barrio vigués de Lavadores, han rechazado un acuerdo con la defensa del acusado, e irán a juicio para tratar de que la Funga (Fundación Galega para a Tutela de Personas Adultas, dependiente de la Xunta) asuma lo que consideran que fue su responsabilidad en este crimen.

Así lo han trasladado tras la audiencia preliminar celebrada este lunes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. Al rechazarse un acuerdo de conformidad, ahora el tribunal deberá dictar el auto de hechos justiciables y señalar una fecha para la celebración de juicio, que tendrá lugar con un tribunal de jurado.

En la vista de este lunes no ha comparecido el acusado, Juan D.E., que permanece en la prisión de A Lama, y tampoco estará presente durante el juicio, ya que su estado de salud lo impide. Por tanto, asistirá a la vista por videoconferencia desde la Enfermería del centro penitenciario.

El abogado de una de las acusaciones, que representa al viudo, hijos y hermanos de la víctima, Raúl Vázquez, ha explicado que las acusaciones se han opuesto a un acuerdo porque quieren que la Funga comparezca en juicio "como responsable civil subsidiaria". "No solo por las indemnizaciones, sino porque queremos expresamente que se depuren responsabilidades", ha explicado.

El letrado ha apuntado que "hay prueba suficiente" para conseguir una sentencia condenatoria en contra de esta fundación pública. Si las acusaciones accediesen a un acuerdo, tendrían que litigar mediante un procedimiento civil o un contencioso administrativo, lo que no garantiza que logren su propósito, ha indicado.

En este procedimiento, tanto la Fiscalía como la otra acusación (que representa a los nietos de la fallecida) han solicitado que Juan D.E. sea condenado a internamiento psiquiátrico, mientras que los otros familiares reclaman prisión (25 años) y, subsidiariamente, ese intermamiento.

EXIMENTE DE ALTERACIÓN PSÍQUICA

La Fiscalía pide 20 años de internamiento psiquiátrico para el acusado, aunque entiende que debe ser absuelto del delito de asesinato por concurrir la circunstancia eximente de alteración psíquica.

En su escrito de acusación, el ministerio público señala que los hechos ocurrieron a mediodía del 3 de abril de 2024, cuando la víctima acudió al domicilio de su hermano, en el barrio vigués de Lavadores, a entregarle dinero.

Cuando estaban en la cocina, Juan cogió un cuchillo y le asestó varias puñaladas, causándole lesiones en la espalda, brazos, manos, costado y cuello, que provocaron la muerte de Mari Carmen por una hemorragia masiva. Todo ello, de forma súbita y repentina, sin que la mujer tuviera oportunidad de defenderse.

En el momento de estos hechos, el acusado (cuya curatela tenía la Funga) estaba sufriendo una descompensación psicótica, ya que llevaba 4 meses sin tomar la medicación que tenía pautada para su esquizofrenia paranoide y su trastorno del comportamiento. Por ello, la Fiscalía considera que se anularon completamente sus capacidades intelectiva y volitiva.

Así, entiende que el acusado es autor de un delito de asesinato, con la circunstancia agravante de parentesco, y con la circunstancia eximente completa de alteración psíquica. En consecuencia, propone la libre absolución por ese delito.

Asimismo, reclama, como "medida de seguridad", su internamiento psiquiátrico por un periodo de 20 años, y que indemnice al viudo, a los hijos, hermanos, sobrina y nietos de la víctima en cantidades que suman casi 350.000 euros.