San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 13 jul (EFE).- El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha alertado en uno de los cursos de verano de la Universidad CEU - María Cristina de la "perversión" que sufre actualmente la acción popular en los procesos penales en los que se personan partidos políticos o sindicatos: "La batalla política debe librarse en el Congreso", ha dicho.
El que fuera durante una década presidente de la Sala Segunda del Supremo ha manifestado este lunes, ante cerca de una treintena de asistentes al curso, que la acción popular es "indispensable, pero se cometen abusos" sobre todo cuando es ejercida con fines políticos en un "nefasto ejercicio": "Una perversión" que lleva el lenguaje político a los tribunales y pone en riesgo la labor de los jueces.
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"Acción popular sí, absolutamente sí, pero con unos límites", ha sostenido el magistrado canario para el que España "no se puede permitir que el monopolio de la acción penal recaiga sobre el Ministerio Fiscal", y ha recordado que se trata de un derecho constitucional que tiene la ciudadanía.
Asimismo, el juez Marchena ha indicado que el poder político es "metastásico" y trata de copar los contrapesos destinados a su fiscalización, y aunque el conflicto entre Gobierno y Poder Judicial "ha existido siempre, ahora estamos en un momento especialmente preocupante".
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Para ejemplificar esa trayectoria histórica, ha leído un artículo de prensa del año 1871 en el que describe cómo ante una indicación del fiscal jefe del Supremo de que la fiscalía debe limitarse a perseguir delitos, el ministro de Justicia durante el reinado de Amadeo de Saboya sostuvo que la misión de los tribunales era obedecer al Gobierno.
"Debe existir la posibilidad de vigilar la impunidad del poder ante la posible mirada cómplice del Ministerio Fiscal", ha opinado Marchena tras recalcar la pulcritud generalizada de la carrera fiscal.
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Cuando partidos o sindicatos representan esta acción en causas contra sus adversarios, el procedimiento "se pervierte y se somete al juez a posibles etiquetas", ha alertado para indicar a renglón seguido que "la batalla política debe librarse en el Congreso": "En España la Justicia no la ejercen fachas con toga", ha añadido.
A su juicio, un magistrado debería poder expulsar a una acusación popular cuando sus acciones sean contrarias a la propia naturaleza del procedimiento penal, pero ha advertido de que "poner límites injustificados a la acción popular es coquetear con el abismo".
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Por otra parte, el magistrado se ha referido a la figura del jurado popular, sobre el que ha dicho que es un mandato constitucional que hoy funciona adecuadamente, como se constata a menudo en los recursos de casación que llegan al Supremo.
"Yo añadiría que para ser jurado se exija el graduado escolar, igual que para ser jardinero de un ayuntamiento hay que tenerlo, que sea necesario para ser juez por un día", ha manifestado.
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Finalmente, Marchena ha sugerido que se limite la lista de delitos que puede enjuiciar un tribunal del jurado, excluyendo aquellos que requieran un conocimiento jurídico mayor, aunque no ha querido precisar a preguntas de EFE cuáles serían en concreto. EFE
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