Sindicatos del sector público se unen para reclamar la paga recortada en 2010

Madrid, 10 jul (EFE).- Sindicatos de todos los sectores del servicio publico se han unido para lanzar una campaña conjunta y reclamar que se recupere de manera íntegra la paga extra que les fue recortada en 2010, hace 16 años.

Las organizaciones recuerdan que el "recorte temporal y excepcional" que se puso en marcha en 2010 como respuesta ante una crisis económica, se ha perpetuado de manera “inexplicable, injusta y arbitraria” y afecta a unos 2,9 millones de funcionarios y personal estatutario.

Por medio de un comunicado conjunto, los sindicatos ha subrayado su decisión de emprender distintas acciones con el objetivo de recuperar de manera íntegra la paga extraordinaria recortada en 2010.

Según el escrito, la inacción de los responsables políticos ha generado un problema estructural que supone que el personal funcionario y estatutario haya acumulado una pérdida de poder adquisitivo “muy superior a lo pretendido inicialmente, ya que mientras que el recorte fue porcentual, incidiendo más en los sueldos de mayor cuantía, las escasas y exiguas subidas posteriores han sido lineales”.

Los sindicatos que se han unido a la campaña son la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca), el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) y la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE).

El comunicado conjunto detalla que, en concreto, los médicos acumulan 20.352 euros de recorte hasta este mes de junio únicamente en conceptos de sueldo y trienios, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo del 25% en cuanto al sueldo base anual y del 16% en cuanto a complemento de destino desde 2010.

Por su parte, Fedeca estima que para los funcionarios a los que representa, la medida supuso en la mayoría de los casos un recorte superior al 10% en sus salarios, lo que supone una “descomunal pérdida acumulada” en estos últimos 16 años, a la que se añade el efecto de la inflación.

Los funcionarios de prisiones (TAMPM) calculan que han dejado de percibir unos 6.000 euros, mientras que los inspectores de Educación (USIE) señalan que su recorte supone en torno a los 15.000 euros.

Ante esta situación, las organizaciones denuncian que "no existen argumentos actualmente para mantener lo que se ha convertido en un agravio y una discriminación para los empleados públicos", ya que ningún gobierno ha mostrado voluntad de revertir la medida, "incluso en un momento de máximo histórico en la recaudación fiscal".

Por ello, han pedido reuniones tanto a los grupos políticos con representación parlamentaria como a los ministerios implicados para exponer la situación y reclamar que se ponga fin al agravio.

Además, han iniciado contactos con sindicatos de otros colectivos afectados para coordinar acciones conjuntas a partir de septiembre si no se ven atendidas sus demandas. EFE