València, 10 jul (EFE).- La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, investigada en la causa penal de la dana, ha solicitado al Juzgado de Catarroja que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, aporten voluntariamente todas las comunicaciones mantenidas durante el día de la dana.
La solicitud de estas diligencias, a la que ha tenido acceso EFE, se refiere a los mensajes relacionados con la gestión de la emergencia, "ya fueren cruzadas entre ambos o con cualquier otro responsable de cualquier Administración, organismo o institución pública y, de modo muy particular, aquellas relativas a la evolución de la situación en el Barranco del Poyo, cualquiera que hubiere sido el medio o canal telemático empleado para su intercambio".
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La defensa de Pradas justifica que la reciente incorporación de las conversaciones mantenidas por WhatsApp entre la alcaldesa de València, María José Catalá, y la delegada del Gobierno "ha permitido constatar, de manera indiciaria y objetiva, la existencia de un flujo constante de comunicación" entre Bernabé y Polo "durante las horas críticas de la gestión de la emergencia objeto de las presentes diligencias".
Asimismo, el escrito señala que, a lo largo de la presente instrucción, se han incorporado "diversas comunicaciones mantenidas entre personas que ni siquiera formaban parte del CECOPI, bajo el acertado criterio de reconstruir con precisión el contexto de los hechos y delimitar el flujo de información existente durante la gestión de la catástrofe".
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En ese sentido, la exconsellera considera que resulta "de un interés exponencialmente mayor" recabar las comunicaciones mantenidas entre estos dos responsables públicos y que el conocimiento del contenido de sus mensajes "es indispensable para el definitivo esclarecimiento de los hechos investigados".
Unas comunicaciones que, según la solicitud, permitían determinar qué información concreta circulaba entre las distintas Administraciones, cuál era el conocimiento real sobre la situación de riesgo y conocer los datos y advertencias de los que se disponía en relación con la evolución del caudal en el Barranco del Poyo.
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"La diligencia es, por tanto, idónea, útil y plenamente proporcionada, resultando esencial para completar el mapa de comunicaciones y evitar sesgos o vacíos informativos en la instrucción de la causa", asegura la defensa de Pradas. EFE
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