La excúpula de Salud catalana niega disriminación en las vacunas a policía y guardia civil

Barcelona, 10 jul (EFE).- La cúpula de Salud durante la pandemia ha negado haber discriminado a Guardia Civil y Policía Nacional en la vacunación y ha alegado que  su inmunización estuvo condicionada por el trato “específico” que pidieron ambos cuerpos, por sus dudas ante el procedimiento y por el retraso en la llegada de sus censos.

Así lo han explicado este viernes en sus declaraciones como acusados en el juicio en la Audiencia de Barcelona el entonces número dos del departamento Marc Ramentol y el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella, para quienes la Fiscalía pide 12 años de inhabilitación al considerar que retrasaron la vacunación de policías.

También el exresponsable de Servicios del Departamento de Salud Francesc Xavier Rodríguez, para quien el ministerio fiscal pidió el archivo de la causa pero que se sigue sentando en el banquillo acusado por los sindicatos policiales, que reclaman para la exconsellera de Salud Alba Vergés (ERC) y cuatro miembros de su cúpula 15 años de inhabilitación.

El 4 de marzo, después de que el Departamento de Salud mandase la información sobre el procedimiento de vacunación a los colectivos esenciales, la Policía Nacional y la Guardia Civil se reunieron con representantes del departamento y del Servicio Catalán de Salud y “trasladaron sus dudas sobre el sistema de vacunación y mostraron disconformidad en mandar los datos”, ha recordado Rodríguez.

“Buscamos soluciones y se aceptó vacunarles en sus propias dependencias”, ha añadido el exresponsable de servicios del Departamento, quien ha revelado que en un principio los representantes de ambos cuerpos pidieron no mandar los censos y que los datos fueran registrados a medida que se administrasen las dosis, pero acabaron accediendo a hacerlo 48 horas antes de vacunarse para que no se retrasase su inmunización como les habían advertido.

Rodríguez, que ha insistido en que no se hizo “ninguna distinción” entre cuerpos de seguridad autonómicos y estatales, ha detallado que mientras que los censos de los Mossos d’Esquadra, Policías Locales y Guardia Urbana llegaron entre el 8 y el 16 de febrero, los datos de los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil no fueron remitidos hasta el 10 de marzo.

“Los censos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, desgraciadamente, no llegaron en el mismo momento (que los del resto de cuerpos), sino no estaríamos aquí”, ha lamentado Adrià Comella en este sentido.

Según Marc Ramentol, adaptarse al modelo de vacunación propuesto por los cuerpos de seguridad, que pidieron ser inmunizados en sus comisarías y se convirtieron así en el “único” colectivo en recibir un “trato específico”, suponía “costes logísticos y organizativos” para el Departamento de Salud, pero ante la “prioridad” de vacunar, no lo pensaron “dos veces” y aceptaron sus demandas.

“En ningún momento se tomó ninguna decisión para discriminar a ningún colectivo, queríamos vacunar a todas las personas lo más rápido posible”, ha asegurado Ramentol que, como el resto de acusados, solo ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y de las defensas.

La vacunación de los agentes estatales empezó el 12 y el 15 de marzo, pero el mismo día 15 el Ministerio de Sanidad detuvo la inmunización con AstraZeneca, la que se estaba administrando a los colectivos esenciales, al detectar que había provocado efectos secundarios adversos.

De hecho, el 16 de marzo el sindicato Confederación Española de Policía (CEP), que no está entre los denunciantes de esta causa, solicitó la suspensión con esta vacuna por las dudas que estaban apareciendo alrededor de su seguridad, ha explicado Rodríguez.

La vacunación con AstraZeneca se retomó el día 24, después de que lo decidiera el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en una reunión celebrada dos días antes donde se acordó ampliar el límite de edad que hasta entonces restringía la vacuna a menores de 55 años y recuperar la priorización de la población mayor, concretamente entre 55 y 65 años, por ser la más vulnerable. EFE

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