
La Embajada de Francia en España ha tomado nota de la decisión del Senado, promovida por el PP que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, de llevar al Tribunal Constitucional el Tratado de Amistad entre los dos países y ha confiado en que el proceso se pueda completar lo más rápidamente posible.
"Tomamos buena nota de este recurso, que respetamos, y ahora corresponde al Tribunal Constitucional español pronunciarse sobre esta cuestión jurídica y técnica, y a los parlamentarios votar su ratificación", ha traslado la Embajada en un comunicado remitido a Europa Press.
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Desde la legación diplomática francesa han precisado que seguirán "con atención las próximas etapas del proceso de ratificación", que está suspendido a la espera de que se pronuncie el Constitucional sobre el requerimiento que le ha hecho el Senado respecto a la constitucionalidad del artículo 2.4 que prevé la participación de un ministro del otro país en el Consejo de Ministros.
En este sentido, han confiado en que "pueda completarse rápidamente, en beneficio de los millones de franceses y españoles que dan vida a diario a nuestra relación bilateral y, en particular, de aquellos que viven en las zonas fronterizas".
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"Francia y España comparten ambiciones comunes: el refuerzo de la autonomía estratégica europea, la transición ecológica y digital, y la seguridad y la cohesión de nuestras sociedades", ha resaltado la Embajada francesa, reivindicando que "en un momento en el que Europa y el mundo atraviesan un período de gran inestabilidad, debemos, más que nunca, estar unidos y reforzar nuestro diálogo".
El Senado acordó este jueves, gracias a los votos de PP y Vox, pedir al Constitucional que se pronuncie sobre el citado artículo al considerar que se mantienen las dudas pese a la "cláusula interpretativa" acordada entre los dos gobiernos que aclara que el ministro francés no participará en el Consejo de Ministros propiamente dicho sino en una reunión 'ad hoc'.
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Esta es la segunda ocasión en la que el Senado pide la opinión del Constitucional respecto al tratado, tras hacer lo propio en febrero de 2025. El alto tribunal terminó pronunciándose en diciembre para inhibirse, al considerar que no era necesaria su opinión puesto que el Congreso había tumbado el texto y por tanto no podía ser ratificado, dado que al ser un tratado internacional requiere el aval de ambas cámaras.
Con este paso, el proceso de ratificación queda paralizado a la espera de que se pronuncie el Constitucional, después de que el Congreso de los Diputados diera su visto bueno el pasado 18 de junio a pesar del voto en contra de PP y Vox gracias a que Junts y Podemos, que un año antes de abstuvieron en la Cámara Baja, votaron a favor.
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