El juez que investiga a Alvise por financiación ilegal pide al partido su contabilidad

Madrid, 10 jul (EFE).- El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha acordado una serie de diligencias para impulsar la investigación contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández 'Alvise', por financiación ilegal, entre ellas, requerir a su partido la contabilidad y movimientos de su campaña en las pasadas elecciones europeas.

Esta causa se sigue por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por la presunta aceptación de 100.000 euros de un empresario para su formación política en las últimas elecciones europeas.

Es la más relevante de las seis que tiene abiertas el eurodiputado en el alto tribunal, algunas para las cuales ya se ha cursado el suplicatorio.

A instancias de la acusación popular que representa el PSOE, Sánchez Melgar ha acordado requerir informe a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para que investigue el tráfico de monederos virtuales creados por los investigados.

Igualmente, ha acordado requerir al representante legal y/o administrador electoral de Se Acabó la Fiesta (SALF) la contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización, así como los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña de las europeas de 2024.

Y también ha pedido al Tribunal de Cuentas el informe y la documentación presentada por SALF ante este órgano sobre la fiscalización del partido.

Respecto de las otras cinco causas que tiene abiertas el Supremo contra Alvise, una es por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana Salvador Illa en 2021; y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

Una tercera es por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados que concurrieron con él en el partido Se Acabó la Fiesta en las elecciones europeas de 2024 y que después rompieron con su formación; la cuarta es por la querella que presentó el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas condicionales.

Y la última y más reciente es por un presunto delito de desórdenes públicos por unas publicaciones en Telegram en relación con unas protestas agrícolas en 2024. EFE