CSIF pide a Junta Electoral instrucciones claras a la hora de nacionalizar e incluir en el censo por la 'Ley de Nietos'

El sindicado CSIF, mayoritario entre los funcionarios públicos, ha solicitado a la Junta Electoral Central (JEC) que emita instrucciones claras para los consulados a la hora de conceder la nacionalidad en virtud de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como 'Ley de Nietos', y de incluir a estas personas en el censo electoral.

El presidente del CSIF, Miguel Borra, ha remitido una solicitud a la JEC para que, como responsable de la Oficina del Censo Electoral, pida a esta última entidad que emita dichas instrucciones con el objetivo de que los funcionarios que se están encargando de implementar todos los procedimientos relativos a la citada ley puedan tener claro cómo deben proceder en todo momento y no incurran en ninguna ilegalidad.

"Estamos preocupados por la seguridad jurídica de este procedimiento", ha reconocido Borra en declaraciones a Europa Press, subrayando que también existe preocupación en "las delegaciones españolas en el extranjero por posibles vacíos en reconocer la situación de estas personas".

"Nosotros queremos que la Administración funcione correctamente, por eso hemos trasladado esta consulta a la Junta Electoral Central", ha justificado el máximo responsable de CSIF, que ha dado el paso como representante de los empleados públicos que se están encargando de la instrucción y tramitación de los procedimientos de adquisición de la nacionalidad.

En concreto, piden a la JEC que "acuerde que la Oficina del Censo Electoral dirija una instrucción a los consulados y a los encargados de las oficinas consulares del Registro Civil" para que solo tramiten la inclusión en el censo electoral de quienes hayan "probado que el exilio de su ascendiente obedeció a razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual".

DUDAS SOBRE LA INSTRUCCIÓN

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, CSIF cuestiona la legalidad de la instrucción realizada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, en noviembre de 2022 en relación con la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática por la que se concedía la nacionalidad a los descendientes de quienes partieron al exilio durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Más en concreto, cuestionan el apartado en el que se indica que "se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955" sin necesidad de presentar documentos acreditativos, mientras que en el caso de quienes lo hicieron a partir de esa fecha hasta el 28 de diciembre de 1978 "deberá acreditarse la condición de exiliado", ya que esto no es lo que dice la ley.

Asimismo, CSIF quiere que también haya una instrucción por parte de la Oficina del Censo Electoral dirigida a ayuntamientos y responsables de las oficinas del Registro Civil para que en el caso de "los adquirientes de la nacionalidad española que ya residan en España en el momento de practicarse la inscripción de la nacionalidad", solo lo hagan en los supuestos de quienes hayan demostrado que su familiar era exiliado por los motivos previstos en la 'Ley de Nietos' y "no cuando tales razones se hayan presumido" en virtud de la citada instrucción.

REGLAS CLARAS SOBRE EL MUNICIPIO A INCLUIR EN EL CENSO

Por último, plantea a la JEC que desde la Oficina del Censo Electoral se remita "una instrucción a los consulados que contenga reglas claras y suficientemente precisas para determinar cuál es el municipio español de mayor arraigo del adquirente de la nacionalidad española no residente en España, a efectos de su inscripción en el censo electoral de residentes ausentes" con el fin de encauzar "la discrecionalidad del interesado y previendo los medios de justificación y control oportunos".

Según argumenta el sindicado en su solicitud, conforme a la normativa vigente, dicha inscripción debería hacerse en "el municipio de mayor arraigo, propio o de alguno de los ascendientes" o, en su defecto, será la oficina electoral la que lo determine "de oficio" con los datos de que disponga, lo que dejaría en última instancia a la discrecionalidad del cónsul de turno la decisión.

Por último, en declaraciones a Europa Press, Borra ha exigido "desde ya un refuerzo urgente de las delegaciones españolas en el extranjero" ya que considera que están "absolutamente desbordadas" por la "avalancha" que han supuesto las solicitudes de nacionalidad en virtud de la 'Ley de Nietos', unos 2,6 millones según datos del Gobierno

En opinión del máximo responsable del CSIF, como consecuencia de la falta de personal "se ven afectados no solamente este procedimiento, sino todos los que desarrollan en el día a día en estos ámbitos", habida cuenta de que ya hay más de 3 millones de españoles que residen en el exterior.