Roma, 8 jul (EFE).- El Nápoles y el Bari recibieron este miércoles "con estupor" la investigación abierta por la Fiscalía de Bari contra sus propietarios, Aurelio y su hijo Luigi De Laurentiis, por presunta bancarrota fraudulenta del club de la región de Apulia, y defendieron la legalidad de su actuación.
En sendos comunicados, ambas entidades aseguraron que confían en que su posición será "rápidamente aclarada" ante las autoridades judiciales competentes y expresaron su deseo de que el procedimiento sea archivado, al considerar que operaron siempre con "pleno y escrupuloso respeto de la ley, los principios contables y las normas federativas".
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La Guardia de Finanza (policía pinanciera italiana) informó el martes de registros en las oficinas de ambos clubes por los posibles delitos de comunicaciones corporativas falsas sobre el Bari correspondientes a 2024, así como a procedimientos fraudulentos relacionados con la solicitud de bancarrota presentada para la insolvencia del club.
La Fiscalía de Bari también solicitó la liquidación judicial del Bari, una petición que la entidad calificó de "sorprendente" y defendió que siempre cumplieron con sus compromisos económicos y que sus pérdidas de explotación, habituales en el fútbol, son cubiertas por la propiedad mediante recursos propios.
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Uno de los elementos analizados por los investigadores es la transferencia intragrupo del futbolista Elia Caprile, que fue vendido por el Bari al Nápoles en julio de 2023 por 2,2 millones de euros y posteriormente traspasado por el club napolitano al Cagliari por 8 millones, una operación que está siendo examinada para determinar si el Bari debía haber participado en la ganancia generada.
El Bari, que descendió recientemente a la Serie C, y el Nápoles sostienen que el valor del jugador había sido fijado antes de la operación mediante una tasación realizada por un profesional que había ejercido como asesor de las autoridades judiciales y que, según el comunicado, no tiene relación con las personas investigadas.
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Además, según adelantaron medios, el fiscal federal de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giuseppe Chinè, solicitó a la Fiscalía de Bari que remita la documentación del caso para analizar posibles implicaciones en el ámbito deportivo.
El Bari se enfrentaría a un posible escenario de sanciones deportivas graves, mientras que para el Nápoles las consecuencias podrían limitarse a una multa o una penalización menor, en función de las conclusiones de la justicia deportiva. EFE
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