
El empresario Víctor de Aldama ha declarado este miércoles por segunda vez ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 en el marco de una pieza separada que continúa bajo secreto de sumario.
Aldama ha prestado declaración ante el magistrado Ismael Moreno, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, dos semanas después de que el Tribunal Supremo le condenara a cuatro años y medio de cárcel por el 'caso mascarillas', una pena por la que no tendrá que entrar en prisión gracias a su colaboración con la justicia.
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El pasado mes de marzo, a petición del juez Moreno, el empresario entregó en la Audiencia Nacional un sobre que, según su versión, le habría entregado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que contendría información sobre presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. Además, Aldama fue interrogado al respecto.
Esta misma semana, Delcy Rodríguez solicitó un acto de conciliación con Víctor de Aldama para que se retracte de presuntas injurias que considera que el empresario lanzó contra ella, asegurando que se querellará si el conseguidor del 'caso Koldo' no lo hace.
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Por su parte, el PSOE entregó al magistrado un 'pendrive' en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados durante el periodo mencionado a dirigentes, trabajadores y simpatizantes de la formación.
El juez Moreno, que también instruye las pesquisas sobre el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, en la que está imputado Aldama, decidió en noviembre de 2025 abrir una pieza separada para investigar los mencionados pagos en efectivo.
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Lo hizo a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que también instruye la causa, ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.
Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre "otras irregularidades".
El PSOE aseguró al juez que colaboraría con la justicia en cualquier caso, pero alertó de que habría "graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos" porque implicaría aportar "todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios", no solo los pagos a Ábalos y Koldo.
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