Huelva, 7 de julio (EFE). - La Audiencia de Huelva ha condenado a tres años y un día de prisión a un empleado de una empresa local tras usar el DNI de medio centenar de compañeros de trabajo y allegados para solicitar créditos fraudulentos por internet.
Según la sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, el acusado se prevalió de su cargo en la empresa, donde tenía acceso autorizado a los datos personales de la plantilla bajo un acuerdo de confidencialidad, para apoderarse de las imágenes de los DNI, números de cuenta bancaria y domicilios de un total de 39 empleados.
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Asimismo, el procesado aprovechó la relación de confianza que mantenía con otras 12 personas ajenas a la empresa, quienes le habían facilitado voluntariamente sus copias del DNI para la realización de diversas gestiones, para utilizar su documentación sin autorización.
El tribunal ha considerado probado que el acusado actuó con el "propósito de enriquecerse ilícitamente a costa de lo ajeno" para lo que empleó los datos y las fotografías de los documentos de identidad para contratar créditos personales y de consumo a través de internet con diversas entidades financieras, simulando que eran los propios afectados quienes realizaban las operaciones.
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A consecuencia de este engaño, las financieras entregaban el dinero directamente al acusado o a tiendas en línea donde este adquiriría productos con pago aplazado, mientras que las víctimas quedaban obligadas legalmente ante los prestamistas sin tener conocimiento de los contratos ni haber prestado su consentimiento.
La Audiencia ha considerado a esta persona autora de un delito medial continuado contra la intimidad, falsedad documental y estafa y le ha aplicado la agravante de abuso de confianza en los dos últimos.
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No obstante, el fallo ha contemplado también la eximente incompleta de oniomanía (adicción compulsiva a las compras), junto con el atenuante de reparación del daño, lo que ha rebajado la pena final a los tres años y un día de reclusión.
Por otro lado, el tribunal lo ha absuelto de un delito de estafa relativo a los contratos que suscribió a nombre de su esposa.
En el apartado civil, la sentencia ha declarado la nulidad absoluta de todos los contratos financieros gestionados de forma fraudulenta y ha establecido que el condenado deberá abonar 3.000 euros a cinco de los afectados debido a que la reclamación de las deudas produjo su inclusión indebida en ficheros de morosos, afectando a su honor.
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Asimismo, las financieras afectadas han de resarcir a las víctimas directas por cualquier cantidad que estas hubieran llegado a pagar por los contratos nulos, y el acusado deberá, a su vez, indemnizar a las primeras por las sumas que se determinen en la fase de ejecución de la sentencia. EFE
lra/fs/ram
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