Nieves Albarracín
Madrid, 3 jul (EFE).- La imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, junto a su número dos, el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, eleva el alcance de la investigación de las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para influir en el devenir de los casos judiciales que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.
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Unas causas cuyo denominador común es la unidad investigadora, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que Leire Díez supuestamente pretendía desacreditar y para ello, según el juez y la Fiscalía Anticorrupción, se habría servido de sus contactos con Mercedes González.
Tras saltar a los medios por la reunión que mantuvo con un imputado en un caso de hidrocarburos -el empresario Alejandro Hamlyn- en la que Leire Díez le pedía información que pudiese perjudicar al teniente coronel de la UCO Antonio Balas, con su ya famoso "quiero a Balas", la investigación ha ido escalando hasta alcanzar esta semana a la directora de la Guardia Civil.
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Según la investigación, la exmilitante socialista mantuvo con ella "diversas comunicaciones telefónicas" y tres encuentros acreditados, dos el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el tercero el 2 de abril de 2025.
Mercedes González terminó admitiéndolos en su comparecencia en el Senado el 16 de junio, si bien hizo hincapié en que se limitaron a tomar un café para hablar de asuntos banales.
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No opinan lo mismo el juez Santiago Pedraz y la Fiscalía, que le atribuyen a González y al DAO delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia a la luz del último informe de la UCO, que desvelaba la presunta implicación de ambos en el objetivo de desacreditar a esta unidad mediante presiones y con la apertura de expedientes por presuntas filtraciones de causas que perjudican al Gobierno.
Según el escrito en el que las fiscales piden imputar a ambos, toda la actuación de la presunta organización criminal de Leire Díez "se habría desarrollado de forma coordinada y estructurada buscando la implicación de organismos públicos (la FGE, la Dirección General de la Guardia Civil, la subdirección de Nacionalidades del Ministerio de Justicia, el Director del Banco de España…) con la ilícita finalidad" de "atacar la probidad de la actuación de la UCO y la necesaria tranquilidad de sus efectivos".
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Respecto a los dos nuevos imputados, la Fiscalía apunta a tres informaciones reservadas que se abrieron a la UCO por presuntas filtraciones y por el volcado accidental de un pantallazo de la dirección del correo electrónico de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, en la causa en la que se investigaba al hermano de Pedro Sánchez.
Unos expediente abiertos "en todos los casos -recalca el informe de las fiscales- en torno a la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares" por orden del DAO "o, en su caso, la Directora General de la Guardia Civil".
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En el marco de uno de esos expedientes se solicitó a la Jefatura de la UCO un listado de los agentes con relación directa en las investigaciones judiciales "concernientes al Gobierno (esposa, hermano, José Luis Ábalos/Koldo, Santos Cerdán)" y ello "sin que se llegue a atisbar la finalidad de esta diligencia y la utilización que se hubiera podido hacer de dicha información".
La UCO considera que la directora de la Guardia Civil era conocedora de la actividad de Leire Díez y sospecha que está detrás de la decisión de que se abriera el 12 de mayo de 2025 la información reservada para investigar si esta unidad era responsable de la filtración de unos mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno publicados en el diario El Mundo.
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Publicación esta que la UCO relaciona con sendos mensajes que al día siguiente se intercambiaron Leire Díez y Mercedes González y que aparecen borrados.
Constan además comunicaciones telefónicas con posterioridad a que las citadas notas de despacho le fueran entregadas al DAO (29 de abril y 6 de mayo de 2025) y que este manifestara al General Jefe de la Policía Judicial que la directora General estaba informada de su contenido.
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El General al mando de la Jefatura de Información declaró en la Audiencia Nacional al respecto que “entendía” que el DAO habría informado de su nota a la directora general. "Esta circunstancia deberá ser aclarada por los citados investigados en sus declaraciones", avanza la Fiscalía.
"Se desconoce, y deberá ser objeto de aclaración en las declaraciones que presten ambos investigados, si en ese momento la Directora General de la Guardia Civil había informado ya al DAO de que conocía a Leire Díez y había tenido con ella al menos 3 encuentros, así como un contacto telefónico con ella esa misma mañana", apuntan las fiscales.
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A la Fiscalía también le llama le atención que, según declararon mandos de la Guardia Civil la semana pasada, González no mencionara que conocía a Leire Díez y que había mantenido encuentros con ella cuando se reunió el 29 de mayo de 2025 con el jefe de la UCO y el General de la Policía Judicial tras publicarse la reunión con Hamlyn y en la que la directora general "le hizo saber su apoyo".
"Al día siguiente se mantuvo una reunión con contenido similar en el despacho del Ministro de Interior con la presencia de este, y tampoco en ese momento se hizo constar que la Directora conociera y se hubiera entrevistado con Leire Díez", destacan las fiscales. EFE
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