De la denuncia en un municipio cacereño a la imputación de Olga García por el juez Peinado

Mérida, 3 jul (EFE).- El proyecto de la planta solar fotovoltaica 'FV Tagus' en Alcántara (Cáceres), objeto de la denuncia que ahora ha derivado en la imputación de la exconsejera extremeña Olga García, obtuvo una declaración de impacto ambiental favorable a pesar de que suponía alterar 500 hectáreas en un área de Reserva de la Biosfera y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

El proyecto conllevaba la destrucción del hábitat de diversas especies de aves, como el águila imperial ibérica, el aguila real, la cigüeña negra y el buitre negro, pero también del lince ibérico, ha explicado a EFE el presidente del Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex), Francisco Blanco, cuya entidad fue autora de la denuncia inicial.

García, actual presidenta de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), ha sido imputada por un presunto delito de prevaricación en la concesión de permisos administrativos para posibilitar la implantación de dicho proyecto fotovoltaico, promovido por una filial de Iberdrola.

De acuerdo con la providencia dictada por el juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, a la que ha tenido acceso EFE, Olga García deberá prestar declaración en calidad de investigada el próximo 7 de octubre.

La imputación a García ha cogido por sorpresa a Fondenex, pues aunque solicitaron la investigación sobre la exconsejera, las primeras diligencias se abrieron contra la actual directora de Evaluación de Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), Marta Gómez Palenque, y Eugenio Domínguez, exsubdirector de Evaluación de Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica.

La imputación tiene su origen en dicha denuncia, que fue presentada en mayo de 2024 por Fondenex en el Juzgado de Instrucción 1 de Valencia de Alcántara.

Aunque esta instancia judicial acordó incoar diligencias previas sobre los hechos denunciados, se inhibió a favor de los Juzgados de Cáceres y, con posterioridad, el caso recayó en los juzgados de Madrid por cuanto la sede del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) está en la capital de España.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que autorizaba el proyecto de la planta solar fotovoltaica fue firmada en enero de 2023 por Gómez Palenque.

Para Blanco, el Miteco lo aprobó atendiendo "fundamentalmente" a los informes que emanaron de la Consejería para la Transición Ecológica de la Junta de Extremadura, que entonces dirigía Olga García, aunque la empresa promotora del proyecto también elevó su correspondiente y particular Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).

Según Fondenex, y tal como lo expone en sus escritos judiciales, la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, a pesar de que el principal impacto de la actuación sería la incidencia sobre el hábitat de las aves, consideró que no se preveía que el proyecto fuera a producir "afecciones significativas".

Aunque dicho departamento expuso que la zona era de "máxima sensibilidad ambiental" y no era recomendable la ejecución de proyectos de energía renovable fotovoltaica, según Fondenex, la Consejería abre la puerta a permitir la actuación a cambio de implementar "medidas preventivas, correctivas y compensatorias".

"Cualquier científico de reconocido prestigio sabe que no existen" para tal incidencia. "Es una falacia, perfectamente conocida" por la Dirección General, "que las utiliza como una disculpa para autorizar un proyecto", expuso Fondenex y ahora remarca Blanco. EFE