
La Mesa del Senado ha aprobado recientemente la licitación de un contrato para reformar el aparcamiento de la Cámara Alta por valor de 1,8 millones de euros, cuyas obras se tendrán que realizar en el plazo máximo de ocho meses.
Así se desprende del pliego del procedimiento para la adjudicación, al que ha tenido acceso Europa Press, que concreta el presupuesto final en 1.818.926,9 euros y dicta la fecha límite para que las empresas que cumplan con los requisitos presenten un proyecto al día 20 de julio a las 14.00 horas.
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En términos de solvencia financiera, la empresa solicitante deberá contar con un volumen de negocios de cualquiera de los tres últimos años que sea, al menos, una vez y media mayor que la cuantía del contrato (2.254.863,03 euros sin IVA).
La acreditación de la capacidad técnica o profesional se acreditará mediante la experiencia previa en obras similares y a través de la facturación anual acumulada que tendrá que ser, en cualquiera de los cinco últimos cursos, al menos igual al 70% del valor del contrato (1.052.271,76 euros sin incluir IVA).
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SOSTENIBILIDAD ENTRE LOS CRITERIOS
Entre las condiciones de contratación se incluye la necesidad de guiarse por las directrices aprobadas por la Mesa del Senado el pasado 16 de febrero en materia de Inteligencia Artificial (IA) en relación al uso de la misma en la ejecución de la obra.
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Además, en el proceso se valorarán positivamente la viabilidad y compatibilidad de los equipos propuestos, la experiencia previa de la empresa en trabajos similares de asfaltado e iluminación, la planificación y continuidad del servicio del aparcamiento mientras duren las obras, la coherencia en el procedimiento de ejecución y la sostenibilidad ambiental.
En este sentido, se tendrá en cuenta especialmente la gestión y segregación de residuos y la reducción de emisiones de polvo y ruido. Y en cuanto a gestión ambiental, la empresa deberá garantizar que se apliquen buenas prácticas, acreditadas mediante sistemas comunitarios --voluntarios-- de compromiso y gestión ambiental.
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Se contemplan también la inclusión de la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico junto al sistema de iluminación y la integración con el sistema centralizado del edificio (BMS).
De esta manera, se valorarán positivamente aquellas soluciones que eviten dependencias tecnológicas innecesarias de cara al futuro y que sean compatibles con los sistemas ya existentes.
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Asimismo, el Senado exige certificados de control de calidad expedidos por institutos o servicios oficiales y también el cumplimiento de las medidas de seguridad y de las normativas laborales en materia de discapacidad e igualdad entre hombres y mujeres.
Por otro lado, las empresas licitadoras deberán acreditar que el jefe de obra y el encargado general pertenezcan a la plantilla y cuente con experiencia en, al menos, una obra similar con un presupuesto de ejecución material superior a los 500.000 euros.
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También el encargado de las instalaciones eléctricas deberá haber trabajado en obras similares con un presupuesto mínimo de 100.000 euros y las empresas
En caso de empate entre dos o más propuestas en el proceso de puntuación, el régimen de adjudicación recoge criterios con ponderaciones para poder desbloquear el proceso.
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El parámetro que prima por encima de los demás es el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social. Y en caso de igualdad entre los proyectos, el número de trabajadores fijos en plantilla que cumplan estos requisitos.
Después se tiene en cuenta el porcentaje de contratos temporales de las empresas postuladas, teniendo prioridad aquella con el índice más bajo.
El porcentaje de empleo femenino en cada una de las empresas es el último criterio a valorar. En caso de empate tras la aplicación de las pautas anteriores, la adjudicación se resolverá por sorteo.
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