El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El enfrentamiento entre el Gobierno y varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular por el futuro de la vivienda protegida suma un nuevo capítulo. El Ejecutivo ha advertido de que las autonomías que mantengan su ofensiva judicial contra el nuevo Plan Estatal de Vivienda podrían quedarse sin las transferencias económicas previstas para el mes de julio, unos fondos destinados a financiar distintas políticas de acceso a la vivienda.

La disputa gira en torno a uno de los pilares del nuevo Plan Estatal de Vivienda: la protección permanente de las Viviendas de Protección Oficial (VPO). El Ejecutivo considera clave esta medida para evitar que las viviendas construidas con ayudas públicas acaben incorporándose al mercado libre tras expirar los periodos de protección, mientras que varias comunidades autónomas sostienen que esa limitación puede reducir el interés de promotores y constructores por desarrollar nuevas promociones.

Entre las autonomías que han anunciado recursos contra esta medida se encuentran Andalucía, Madrid y Extremadura. Estas administraciones consideran que la protección indefinida de las VPO puede dificultar la colaboración público-privada y provocar que algunos concursos para la construcción de vivienda protegida queden desiertos al reducirse la rentabilidad de las promociones.

Pese a esas impugnaciones, el Gobierno central se ha mostrado tranquilo en sus declaraciones sobre las pugnas legales. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, defendió este viernes que el nuevo plan se ha elaborado sobre una base jurídica sólida, precisamente para anticipar posibles recursos por parte de las comunidades autónomas.

Además, la ministra ha explicado que el Plan Estatal de Vivienda se articula mediante un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, recordando que el texto fue sometido previamente a la Conferencia Sectorial. Además, ha destacado que recibió un informe favorable del Consejo de Estado y que las observaciones realizadas por este órgano consultivo fueron incorporadas antes de la aprobación definitiva de la norma.

Peligran las transferencias económicas

Durante su intervención en un curso de verano celebrado en Santander, Rodríguez ha insistido en que el artículo 12 del plan reconoce expresamente la capacidad de planificación del Gobierno cuando financia las políticas públicas mediante recursos estatales. A juicio del Ministerio, esa previsión otorga plena cobertura legal a la decisión de establecer una protección permanente para la vivienda social.

Más allá del debate jurídico, el Gobierno ha lanzado un mensaje directo a las comunidades que decidan mantener la batalla en los tribunales. Según explicó la ministra, aquellas autonomías que no alcancen un acuerdo con el Estado podrían no recibir las transferencias económicas previstas para este mes de julio, unas cantidades que además tendrían efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero.

Estos recursos económicos forman parte de las políticas estatales destinadas a facilitar el acceso a la vivienda y permitirán financiar diferentes actuaciones. Entre ellas figura la reconversión de viviendas turísticas irregulares en inmuebles destinados al alquiler para jóvenes, una de las medidas que el Ejecutivo considera prioritarias para ampliar el parque residencial disponible.

La ministra también cuestionó las verdaderas motivaciones de los recursos presentados por algunas CCAA. En su opinión, detrás de estas impugnaciones existiría una estrategia de confrontación política más que discrepancias estrictamente jurídicas sobre el contenido del Plan. Como ejemplo, Rodríguez se refirió a Andalucía, que obtuvo recientemente una sentencia favorable del Tribunal Supremo sobre el registro de viviendas turísticas, recriminando que desde entonces el Ejecutivo andaluz no ha transformado esas viviendas en inmuebles destinados al uso residencial permanente.

En este sentido, Rodríguez afirmó que, pese a haber conseguido ese respaldo judicial, la Junta no ha impulsado actuaciones para aprovechar esa resolución y ampliar la oferta de vivienda asequible. “¿Saben ustedes qué han hecho desde que ganaron el recurso? Nada”, aseguró durante su intervención, insistiendo en que el objetivo del Gobierno sigue siendo incrementar el parque de vivienda pública y garantizar que los inmuebles financiados con recursos públicos mantengan de forma permanente su función social.