Madrid, 26 jun (EFE).- Red.es ha remitido a la fiscalía de Delitos Económicos de Madrid un escrito en el que niega la existencia de prevaricación o fraude en una adjudicación al empresario Juan Carlos Barrabés, tal y como sostiene un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia civil (UC).
Fuentes del Ministerio de Transformación Digital, del que depende la entidad pública empresarial Red.es, han indicado que el contrato investigado no fue financiado con fondos de la Unión Europea (UE), por lo que “resulta materialmente imposible la concurrencia de un eventual fraude a los intereses financieros de la Unión Europea”.
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En cuanto a la posible existencia de un delito de prevaricación, al haberse supuestamente obviado "la inexistencia de un libro blanco que exigía en los pliegos como requisito necesario", tal y como señala la UCO, Red.es aclara que la presentación de un libro no era un requisito previo a la formalización del contrato.
Dicho libro debía ser entregado durante la ejecución del contrato, añade la misma fuente, que destaca que ninguno de los licitadores presentó el libro blanco definitivo en la fase de licitación, ya que no se exigí́a.
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La existencia de discrepancias entre evaluadores "no evidencia ausencia de criterio, sino precisamente la concurrencia de valoraciones técnicas razonadas que, en todo caso, se sustentan en motivos expresados y explicitados en la correspondiente motivación, excluyendo así cualquier actuación arbitraria en sentido jurídico", dice el escrito.
De este modo, Red.es desmiente informaciones contenidas en un informe de la UCO de la Guardia Civil fechado en febrero pasado al que ha tenido acceso EFE, y que obra ahora en poder del titular del juzgado de instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado.
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Entre otras consideraciones, la UCO sostiene que "el proceso de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor está marcado por una decisiva arbitrariedad", de la cual según el informe la más beneficiada "fue la de Barrabés".
El pasado 29 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
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Un día antes abrió una pieza separada dentro de la causa por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la UE con relación al empresario Juan Carlos Barrabés. EFE
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