La UCO apunta a irregularidades en contratos de Red.es con el empresario Barrabés, imputado por el caso de Begoña Gómez

Se basan en el análisis de correos electrónicos y documentación interna de la entidad pública, revisados por petición de la Fiscalía Europea

Guardar
Google icon
El empresario Juan Carlos Barrabés en comisión de investigación (Europa Press)
El empresario Juan Carlos Barrabés en comisión de investigación (Europa Press)

La UCO ha identificado prácticas irregulares en la adjudicación de contratos públicos a favor del empresario Juan Carlos Barrabés por parte de Red.es, sociedad estatal dependiente del Ministerio para la Transformación Digital. Según un informe, los investigadores detectaron arbitrariedad y trato de favor en la tramitación y valoración de adjudicaciones en las que participó Barrabés, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por su implicación en el ‘caso Begoña Gómez’.

Las conclusiones de la UCO se fundamentan en el análisis de correos electrónicos y documentación interna de la entidad pública, revisados por petición de la Fiscalía Europea. El informe policial sostiene que la evaluación de los proyectos presentados al concurso no siguió un criterio uniforme ni los parámetros establecidos de forma previa, lo que condujo a una “decisiva arbitrariedad”.

PUBLICIDAD

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva línea de investigación en el 'caso Begoña Gómez', que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto delito de prevaricación y de fraude de los intereses de la Unión Europea ante la sospecha de supuestas irregularidades en un contrato sufragado con fondos europeos. (Fuente: Europa Press / La Moncloa / PSOE / RTVE Pool / Guardia Civil)

Cambios en el sistema de puntuación de concursos

En su análisis, la UCO describe cómo se modificaron los procedimientos habituales para valorar las ofertas presentadas a concursos públicos. Los investigadores detectaron que, en vez de seguir el método previsto, los responsables ajustaron el sistema de puntuación para que los resultados coincidieran con decisiones ya tomadas. El informe indica que “se imponen puntuaciones concretas y después se adaptan los argumentos en los informes para justificar esas notas”.

Según la investigación, algunas ofertas recibieron puntuaciones más bajas en las últimas fases del proceso, y las fichas de evaluación se cambiaron una vez finalizado el trámite. Estas prácticas, según la UCO, favorecieron a la UTE The Valley–Barrabés, encabezada por Juan Carlos Barrabés, que obtuvo la mayor ventaja frente a sus competidores. El informe también señala que su grupo habría sido beneficiado en otros procesos similares. En uno de ellos, la UTE consiguió la máxima calificación pese a no haber entregado el ‘Libro blanco’, un documento obligatorio según los requisitos del concurso.

PUBLICIDAD

El magistrado considera que hay riesgo de fuga de la mujer de Pedro Sánchez y cree que sus escoltas podrían colaborar a que la llevase a cabo.

Ampliación de la investigación judicial

El proceso por las adjudicaciones investigadas permanece bajo la supervisión del juez Juan Carlos Peinado, quien ha ordenado el inicio del juicio oral contra Juan Carlos Barrabés y ha decidido extender las pesquisas sobre María Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este procedimiento examina si en la concesión de determinados contratos financiados con fondos europeos se produjeron delitos de prevaricación y fraude.

La investigación tomó un nuevo rumbo tras la entrega del informe elaborado por la unidad de la Guardia Civil, el cual apunta a irregularidades en la adjudicación de un contrato específico sufragado con recursos comunitarios. El caso ha adquirido un marcado componente político, ya que involucra tanto a un empresario de peso en el sector tecnológico como a la esposa del jefe del Ejecutivo y a una empresa de carácter estatal como es Red.es.

La Fiscalía Europea se ha sumado también como parte acusadora, atendiendo a la posible afectación de fondos de la Unión Europea. El proceso judicial sigue abierto en los tribunales de Madrid, a la espera de que la justicia determine si existieron responsabilidades penales o administrativas en la tramitación y adjudicación de los contratos cuestionados.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD