Un empresario vinculado a Zapatero se acoge a su derecho a no declarar en la comisión de la SEPI en el Senado

El empresario Manuel Aarón Fajardo García, vinculado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Así se ha pronunciado al inicio de su intervención ante la comisión, a la que había sido citado para informar en relación con el objeto de la investigación parlamentaria y responder a preguntas vinculadas a actividades empresariales y políticas relacionadas con el expresidente socialista en Venezuela.

La comparecencia se produce casi una semana después de que Zapatero declarara como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el marco de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Durante su declaración, el expresidente negó haber ejercido influencia para que el Gobierno aprobara la ayuda de 53 millones de euros concedida a la compañía durante la pandemia.

Fajardo García, responsable de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVV), ha comunicado a los miembros de la comisión su decisión de no contestar a las preguntas formuladas por los senadores, aunque ha querido realizar una breve aclaración antes del inicio de la sesión.

En concreto, el compareciente ha señalado que su silencio no debe interpretarse como una admisión de los hechos sobre los que se le pretendía interrogar. "El que calla no otorga", ha manifestado ante la comisión.

Pese a su negativa a responder, los distintos grupos parlamentarios han mantenido sus turnos de intervención y han formulado cuestiones relacionadas con el presunto papel de Fajardo García como interlocutor o representante de Rodríguez Zapatero en Venezuela, así como sobre su posible participación en la búsqueda de alianzas económicas, societarias y contractuales que habrían podido favorecer intereses vinculados al Gobierno español.

Asimismo, los senadores han planteado preguntas sobre sus actividades empresariales en el país latinoamericano y sobre sus vínculos con distintas sociedades y operaciones objeto de interés para la comisión.