Madrid, 12 jun (EFE).- La presidenta de la Asociación Casa de las Mujeres de Vallekas, Carmen Díaz Bermejo, ha pedido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la adopción de las medidas para garantizar que ninguna mujer vuelva a atravesar situaciones de "maltrato institucional" como las que denunciaron un grupo de víctimas de violencia machista en una casa de acogida.
Díaz Bermejo ha comparecido este viernes, junto a otra representante de la asociación, Mónica Calzada, en la Comisión de la Mujer de la Asamblea de Madrid, a petición del grupo socialista, para informar sobre las medidas necesarias para mejorar los centros residenciales de la red de atención integral para la violencia de género.
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La Casa de las Mujeres de Vallekas trasladó a la Fiscalía las quejas de un grupo de mujeres víctimas de violencia machista y trabajadoras de la casa de acogida número 4 de Rivas, dependiente de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid y gestionada por la empresa Trama.
Las denunciantes relataron que en este recurso público, conocido en la red como 'Guantánamo', vivieron bajo "un régimen carcelario", marcado "por el control excesivo" de aspectos fundamentales de su vida cotidiana, y sufrieron "vejaciones y motes racistas", ya que las mujeres extranjeras eran llamadas "la pena mora" o "el lamento boliviano".
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Según Díaz Bermejo, el "castigo económico" que la Administración autonómica impuso a Trama por estos hechos asciende a 3.000 euros, de manera que a la empresa "le ha salido barato" actuar con "un patrón de deshumanización intolerable", basado en "la crueldad, el racismo y la humillación sistemática".
Las afectadas, ha explicado, se han visto obligadas a dejar el servicio porque "no podían aguantar más la situación", pero "el daño no terminó al abandonar el recurso", porque muchas de las mujeres continúan hoy soportando sus efectos: "una mayor vulnerabilidad, una pérdida de confianza en las instituciones, precariedad y, en algunos casos, el regreso a situaciones de las que intentaban escapar por falta de apoyos reales".
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Las diputadas del PSOE Lorena Morales y de Más Madrid Mariana Arce han recalcado que este "no es un caso aislado", sino que es la consecuencia de un modelo de externalización de los centros, con unos pliegos que se adjudican "al mejor postor", y que ha permitido la entrada de empresas que han visto un "negocio" en la vida de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos.
Ambas han lamentado "la falta de control y de supervisión" por parte de la Comunidad de Madrid y han calificado de "irrisoria" la penalidad impuesta a la empresa Trama.
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La diputada del PP Lourdes de Villota ha acusado al PSOE y Más Madrid de "utilizar el sufrimiento de las mujeres víctimas de violencia de género como munición electoral", mientras que la representante de Vox María Belén González ha reconocido que sus postulados ideológicos están alejados de los de las comparecientes. EFE
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