Madrid, 11 jun (EFE).- Algunas de las principales oenegés que acompañan a migrantes y refugiados en España temen que la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor mañana, ponga en riesgo el análisis individualizado de las solicitudes de asilo y aumente el riesgo de detención y restricciones a la movilidad.
Entidades como Amnistía Internacional, Cáritas y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han mostrado su preocupación, a través de un comunicado conjunto, por el nuevo paquete normativo, que amplía los supuestos en los que las solicitudes de protección internacional podrán examinarse mediante procedimientos especiales menos garantistas y con plazos reducidos.
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Un sistema que, para estas oenegés, favorece el uso de centros cerrados o de detención, incluso para menores y personas en situación de vulnerabilidad.
La normativa, según señala en comunicado, busca acelerar y aumentar las expulsiones mediante un procedimiento único de asilo y retorno, lo que puede poner en riesgo el examen de otras formas de protección o residencia y afectar a los derechos fundamentales y al principio de no devolución.
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Para las entidades firmantes -como Red Acoge, Oxfam Intermón y Servicio Jesuita a Migrantes- la aplicación del pacto puede ir en contra del interés superior de la infancia, por lo que piden evaluar individualmente el interés superior de cada niño y adolescente y garantizar que sean escuchados y puedan participar en el procedimiento.
En cuanto al proceso de triaje en el control en frontera, han reclamado asistencia letrada gratuita y especializada durante todo el procedimiento, interpretación de calidad desde el registro de solicitud, personal médico cualificado, limitación de la toma de datos biométricos de menores de 14 años a supuestos solo necesarios y sin coerción y reglamentación clara sobre los lugares donde se realice.
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Han pedido al Gobierno que prevalezca en todo el proceso un enfoque de derechos humanos, toda vez que estas normativas "debilitan gravemente" garantías ya consolidadas, como el derecho al asilo, la protección frente a las devoluciones, el acceso a defensa jurídica efectiva, la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad y la protección al derecho a la salud.
Las oenegés han denunciado que, "a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil organizada y de las poblaciones afectadas", no han recibido "una información precisa" sobre las medidas concretas que se van a llevar a cabo cuando el pacto entra mañana en vigor.
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Ante esta incertidumbre y preocupación, han exigido al Gobierno transparencia y acceso a las herramientas de implementación protocolos, instrucciones, o reformas legislativas y aplicar las normas "de la forma más garantista posible conforme a los derechos humanos" y en pleno cumplimiento con el marco jurídico español y los compromisos internacionales.
Además, las entidades han subrayado que es imprescindible garantizar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del mecanismo de monitoreo de los derechos humanos que asumirá el Defensor del Pueblo, que se garantice la participación de la sociedad civil y se permita investigar y proponer sanciones en caso de violaciones de derechos humanos. EFE
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