Desmantelan una red que cobraba hasta 10.500 euros para regularizar a extranjeros

Sevilla, 10 jun (EFE).- Una organización criminal dedicada a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante más de un centenar de contratos de trabajo falsos, por los que llegó a cobrar entre 4.500 y 10.500 euros, ha sido desarticulada por la Guardia Civil en Almería en la operación 'Lutasanol'.

Esta operación, de la que ha informado este miércoles el instituto armado en un comunicado, ha supuesto la detención del principal captador de la trama y la investigación de otros tres presuntos implicados, dos administradores de una empresa usada para la actividad fraudulenta y un gestor laboral.

También se ha llevado a cabo un registro en el establecimiento que servía como centro de operaciones de la trama, donde fue intervenida abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas sobre la actividad delictiva y dinero en efectivo procedente presuntamente de los cobros a las víctimas.

Según la investigación que comenzó el pasado año, los miembros de la organización captaban a personas extranjeras que buscaban obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España.

Para ello, les ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes para presentar documentación aparentemente legal ante la administración, para lo que pedían a cambio cantidades que oscilaban entre los 4.500 y los 10.500 euros.

Los agentes han constatado que la organización hacía altas de trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara esas contrataciones.

Estas prácticas generaron un fraude superior a los 100.000 euros y con el que se les podía incluso facilitar la obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos.

La organización extendía su actividad más allá de la provincia de Almería y captaba a ciudadanos en Murcia y diversos puntos de las provincias de Albacete, Huelva, Granada y Málaga.

La estructura contaba con funciones "perfectamente repartidas" entre captadores responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de dar apariencia de legalidad a toda la operativa.

Se trataba de una activa red criminal "interprovincial" que habría facilitado ilegalmente más de un centenar de expedientes de regularización, obteniendo beneficio económico mediante la explotación de la necesidad de ciudadanos extranjeros que buscaban regularizar su situación administrativa en España.

Se ha detenido a la persona que ejercía las funciones de captador y han sido investigados los administradores de la mercantil localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, y del gestor laboral contable con despacho profesional en Almería. EFE

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