Los cargos acusados en el juicio a David Sánchez apelan a la falta de pruebas contra ellos

Badajoz, 8 jun (EFE).- Los letrados de varios excargos y responsables de la Diputación de Badajoz acusados en el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, han coincidido en exponer que no hay prueba de cargo alguna que acredite las acusaciones e incluso han apuntado que en las acusaciones populares ha habido "mala fe".

Tras los informes elevados a definitivos por parte de las acusaciones, el Ministerio Público y de los abogados de David Sánchez y del expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo, la sala ha escuchado a los letrados del resto de los acusados.

Francisco Mendoza, abogado de la entonces diputada de Cultura Cristina Núñez y del funcionario Félix González, dos de los once acusados, ha aseverado que no existe "ni un solo acto de prueba que acredite las acusaciones" de prevaricación en concurso medial con el de tráfico de influencia contra sus clientes.

Es más, considera que existe "mala fe" y "utilización política" por parte de las acusaciones populares, entre las que figura PP, Vox, Manos Limpias y HazteOir, entre otras.

"El que influye no puede prevaricar", ha argumentado el abogado para rebatir las peticiones de hasta un año de prisión para cada uno de ellos y la propuesta de inhabilitación para ambos por su participación en el proceso de creación y adjudicación del puesto de David Sánchez.

La puesta en marcha de dicho puesto (coordinador de los conservatorios pacenses) fue una decisión enmarcada en la reunión de análisis de los presupuestos de la Diputación junto a otras plazas más, ha expuesto el abogado.

“Ninguna de las declaraciones de los testigos” expresa que sus clientes “tuvieran conocimiento o participasen en un imaginario complot” para otorgar la plaza, lo que ratifica -a su juicio- que los criterios de creación del puesto “se llevaron a cabo a través del cumplimiento del ordenamiento jurídico”.

Para José Ignacio Martín, letrado de Elisa Moriano, directora de Cultura coincidiendo con la creación del puesto de David Sánchez, la prevaricación debe ser "manifiesta" y "dolosa", dos exigencias que no se dan en ningún momento como tampoco el propio delito.

Moriano, para la que se pide un año de prisión, "no participó" en la creación de la plaza ni propuso a David Sánchez, persona a lo que no conocía.

A juicio del letrado, en este juicio "ni se ha hablado" de si Elisa Moriano influyó o alguien influyera en ella. Para Martín, las acusaciones han actuado con "temeridad" y "mala fe" para lograr "un rédito político".

Pedro del Pino, abogado de Juana Cintas, que era directora de Recursos Humanos, ha negado que su patrocinada "blanqueara" las funciones de David Sánchez cuando se modificó la denominación del contrato.

Su función, ha continuado, era "transversal y de puramente tramitación", no de decisiones ni de influencias.

Ha dicho que Cintas tampoco conocía las conversaciones previas en las cuales se determinó que este proceso se realizaría a través de una modificación del puesto de trabajo.

“Si la tesis de las acusaciones populares es que todo este procedimiento fue para justificar lo de David Sánchez", pues había dejado de ser coordinador de los conservatorios para "blanquear así" una desvinculación de sus funciones originales o para satisfacer sus preferencias personales, "Cintas no tenía la más mínima conciencia de ello”.

Del Pino ha añadido que Recursos Humanos "no es el inquisidor general" de la Diputación, pues no sabe a lo que se dedican los trabajadores de Cultura (a la que estaba asignada la plaza de David Sánchez) y "no tiene por qué saberlo para ejercer su labor transversal”.

"Es un ataque por tierra, mar y aire", ha dicho Rafael Arenas, letrado de Manuel Candalija (exjefe de Servicio de Cultura), Emilia Parejo (exdirectora de Cultura) y Francisco Martos (exdiputado de Cultura) al referirse al cambio introducido por las acusaciones en sus escritos definitivos referidos a los delitos, al que todas las defensas han elevado sus protestas.

Así como el resto de sus compañeros de bancada, Arenas ha defendido la legalidad de los procesos y la vinculación ajustada a ley de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Ha defendido que tanto Martos como Parejo se limitaron a dar por bueno y a elaborar un informe, respectivamente, en relación con el cambio de denominación del puesto de David Sánchez.

El juicio continuará este martes con los informes de los abogados de los dos últimos acusados, el diputado provincial Ricardo Cabezas y Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez. Tras dar la última palabras a los once procesados, el juicio quedará visto para sentencia. EFE

jlr/as/jlp

(vídeo)