Procesan a un exdirector de Trabajo y dos 'intrusos' en otra pieza separada del caso ERE

Sevilla, 1 jun (EFE).- Un Juzgado de Sevilla ha procesado en una nueva pieza separada del caso de ERE, por ayudas de 5,27 millones de euros a la mercantil Aesea Brown Boberi, a cinco investigados, entre ellos el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Daniel Alberto Rivera y dos 'intrusos' (beneficiarios irregulares).

Esta empresa forma parte de un grupo multinacional (Grupo ABB) dedicado a la fabricación, venta e instalación de productos de ingeniería eléctrica y automatización.

En un reciente auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, el juez de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla toma la decisión (seguir como procedimiento abreviado las diligencias previas) por si los hechos fueran constitutivos de posibles delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

Por ello, da traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio y formulen acusación, el archivo de la causa o diligencias complementarias indispensables.

El instructor procesa al ex alto cargo de la Junta, dos 'intrusos' y dos directivos de la mediadora Vitalia, y también acuerda el archivo de las actuaciones contra otros tres investigados al entender que no hay motivos para atribuirles participación en la comisión de los delitos investigados.

El objeto de esta pieza separada del caso ERE es la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales excepcionales facilitadas y abonadas desde 2003 al 2010 por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta vinculadas con la reestructuración laboral del Grupo ABB.

El importe de estas subvenciones "graciosamente concedidas" por la Junta ascendió a la suma de más de 5,27 millones de euros.

El magistrado precisa que estas ayudas habrían tenido por objeto, financiar la particular cobertura económica de los extrabajadores del Grupo ABB afectados por dos ERE concretos, a partir de que cumplieran los 62 años de edad.

Se habría conseguido el otorgamiento de unas supuestas subvenciones públicas "de forma arbitraria e injusta" financiadas con fondos de la Junta de Andalucía, subvenciones que habrían gestado y concertado con los altos cargos de la Administración concedidas mediante negociaciones verbales, "al margen de cualquier atisbo de publicidad, y de espaldas del procedimiento legalmente establecido". EFE