Reacciones a la Ley de IA: respaldo a un marco que da confianza; críticas a las exenciones

Madrid, 27 may (EFE).- El proyecto de ley de Inteligencia Artificial que ha aprobado el Gobierno ha generado reacciones encontradas por parte de los expertos, que oscilan entre el aplauso de una regulación que genera confianza en el uso de estas tecnologías hasta las críticas por la exención de las administraciones públicas de las multas para quien haga un mal uso de ellas.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley para el buen uso de la inteligencia artificial, un texto que ajusta la legislación española a la europea, que determina qué técnicas y sistemas están expresamente prohibidos y que asegurará la supervisión humana para todos aquellos sistemas considerados de 'alto riesgo'.

El proyecto -que inicia ahora su tramitación parlamentaria- fija multas de hasta 35 millones de euros para las infracciones más graves, pero excluye a las administraciones públicas del pago, aunque sí prevé apercibimientos y medidas de carácter disciplinario (entre otras medidas coercitivas) para los funcionarios que hagan un mal uso de la IA y desde el Ministerio de Transformación Digital se ha insistido en que es un proyecto garantista en todos los sectores, también en el público.

El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, ha celebrado que España avance en línea con la UE en la regulación de la IA, pero ha incidido en que una ley de este calado no debe limitarse a ordenar el mercado y a definir cuáles son las autoridades supervisoras.

En declaraciones a EFE, Subías ha criticado el uso "discriminatorio" y que las administraciones públicas no estén incluidas en el régimen sancionador, a pesar del daño que un mal uso de estas tecnologías podría ocasionar en ámbitos como la sanidad, la educación o el empleo y de la vulnerabilidad de los ciudadanos, por lo que ha reclamado que se refuerce en ese sentido "la transparencia y la trazabilidad" de esta tecnología en todos los ámbitos y sectores y que se garantice la reparación del daño causado.

"¿Quién vigila a los que nos vigilan?", se ha preguntado el profesor universitario y experto en derecho tecnológico Borja Adsuara, ha lamentado la falta de "ejemplaridad pública" y la "asimetría injusta" que supone eximir a las administraciones públicas del régimen sancionador, y ha defendido las sanciones personales a las autoridades y a los funcionarios que hagan un mal uso de la IA e incluso la inhabilitación en los casos más graves, porque a su juicio el perjuicio que pueden causar "es muy grande".

"Criticamos lo que hace China y otros gobiernos autoritarios, pero corremos el riesgo de hacer lo mismo, porque la tentación de usar la IA para vigilar a los ciudadanos es muy grande", ha observado Adsuara en declaraciones a EFE.

Desde una vertiente más empresarial, Joan Saula, experto del área legal de la empresa de consultoría Grant Thornton, ha valorado que la nueva ley, ante una tecnología tan rápida y transformadora, sitúe la responsabilidad por su uso en los máximos órganos de decisión, y ha aplaudido que la norma refuerce la necesidad de supervisión efectiva y de un marco sancionador "suficientemente disuasorio, capaz de actuar como verdadero freno frente a usos indebidos o infracciones".

El director general de la empresa BIP Iberia -consultoría especializada en modernización y transformación tecnológica-, Giovanni Alessandrello, ha asegurado que la nueva regulación supone "un paso clave" para acelerar una adopción "más segura, transparente y confiable" de la IA en España y Europa, y que el nuevo marco aporta claridad jurídica y refuerza la confianza de ciudadanos, empresas e instituciones en el uso responsable de estas tecnologías.

Y desde el ámbito de los consumidores, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha valorado la aprobación del proyecto de ley y algunos de los elementos que ya se han anunciado, como la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en el sector público o el establecimiento de un régimen sancionador- y ha confiado en que durante la tramitación parlamentaria se incorporen mejoras para garantizar una protección efectiva de los derechos de los consumidores frente a los riesgos de la inteligencia artificial. EFE

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