Asociación de Fiscales denuncia ante la Justicia europea los nombramientos de la Fiscalía

Madrid, 25 may (EFE).- La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha demandado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por dos sentencias del Tribunal Constitucional que a su juicio amparan la política de nombramientos discrecionales de la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado, la AF se refiere a dos sentencias del TC que amparaban al fiscal Eduardo Esteban, cuyo nombramiento como fiscal de Sala de Menores fue anulado por el Tribunal Supremo en dos ocasiones, después de haber sido propuesto por Dolores Delgado cuando era fiscal general.

El Constitucional estimó los dos recursos presentados por Esteban contra las sentencias del Supremo, que quedaron anuladas.

Según la Asociación de Fiscales, el TC aceptó la motivación realizada por Esteban y desdeñó la necesidad de méritos, imponiendo la discrecionalidad a la hora de decidir entre los candidatos y aceptando como criterio su mayor afinidad ideológica.

Denuncia una "clara vulneración" del artículo 14, al consagrar una libertad prácticamente absoluta en la elección de candidatos para cargos en el ámbito de la justicia, desplazando los principios de mérito y capacidad en favor de la discrecionalidad del poder público.

Y advierten también de que el procedimiento seguido ante el TC contraviene el derecho reconocido en el artículo 6, al haberse dictado resoluciones decisivas por un magistrado cuya imparcialidad se veía comprometida por la concurrencia de una relación jerárquica previa con quienes participaban activamente en el proceso.

Así, concluye que en sus sentencias, el Constitucional viene a legitimar un sistema de designaciones en el que la afinidad ideológica, cuidadosamente revestida de argumentación jurídica, puede prevalecer sobre la especialización técnica exigida para el desempeño del cargo.

Y destaca que su decisión trasciende del nombramiento concreto dentro de la cúpula de la Fiscalía y proyecta sus efectos sobre la propia articulación del Estado de Derecho, al diluir los criterios mínimos que deben regir los ascensos y las designaciones dentro de la Carrera Fiscal.

Con ello -advierten- se abre la puerta a una "discrecionalidad prácticamente irrestricta", en detrimento de los principios de mérito y capacidad que hasta ahora actuaban como garantías esenciales. EFE