Palma, 22 may (EFE).- El Govern balear ha acordado este viernes interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el real decreto estatal que regula el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes y solicitar su suspensión cautelar por su impacto en los servicios públicos de las islas.
El Ejecutivo autonómico considera que la norma se ha tramitado sin consenso con las comunidades autónomas, sin debate parlamentario y sin una evaluación del impacto presupuestario.
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En rueda de prensa, el portavoz del Govern, Antoni Costa, ha sostenido que la medida puede tener efectos inmediatos sobre servicios esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a menores, en un contexto de elevada presión migratoria en Baleares.
Costa ha defendido que la “obligación” y la “responsabilidad” del Ejecutivo liderado por Marga Prohens es recurrir el decreto y permitir que “se pronuncien las instancias judiciales”.
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En su opinión, este gasto extraordinario “lo volverán a pagar los ciudadanos de Baleares”, ha lamentado el portavoz, quien ha afirmado que, al igual que con el copago farmacéutico, la sensación es que “Sánchez invita y los ciudadanos pagan: esto es una deslealtad impropia que no podemos aceptar”, ha aseverado.EFE
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