Page pide que se cumplan las sentencias y Murcia, que no se recorte el trasvase

Madrid, 21 may (EFE).- La Junta de Castilla-La Mancha ha reclamado este jueves que se cumplan las sentencias sobre el trasvase Tajo-Segura, la última del Tribunal Supremo, mientras que el Gobierno de Murcia ha pedido que no se reduzca el volumen de agua trasvasada.

El Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la revisión del plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido que se cumplan las decisiones judiciales y se ha quejado de "estar años y años ganando sentencias" que luego no se ejecutan.

"Acabamos de ganar la más importante batalla en materia de agua después de décadas peleando en los tribunales", ha subrayado durante un acto en Valdepeñas (Ciudad Real).

García-Page ha pedido "por favor, por favor" que el Gobierno central cumpla con lo dictado por los tribunales.

La Junta de Castilla-La Mancha llegó a presentar un recurso ante la Audiencia Nacional por la "inacción" del Ministerio para la Transición Ecológica.

La directora general del Agua, María Dolores Pascual, dijo este miércoles que su departamento estaba esperando la resolución del Supremo para modificar las reglas de explotación del trasvase.

El portavoz del Gobierno de Murcia, Marcos Ortuño, ha culpado al Ejecutivo central del eventual recorte del trasvase y ha pedido que las aportaciones de agua se mantengan.

Ortuño ha exigido al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, y al PSOE murciano que pidan a Pedro Sánchez que “no dé un hachazo" al trasvase.

“El Gobierno regional va a estar con los regantes y, por tanto, va a estar con el futuro de nuestra región”, ha recalcado el portavoz autonómico.

El presidente del sindicato de regantes Scrats, Lucas Jiménez, ha admitido que hoy es "un mal día" para este colectivo y ha insistido en que la reducción del trasvase es "una decisión política".

Según Jiménez, los regantes aceptan "con respeto" el fallo del Supremo aunque consideran una "injusticia" el recorte progresivo de las aportaciones hídricas.

“No es un buen día, pero desánimo no hay ninguno. Seguimos al pie del cañón", ha remarcado.

En sentido contrario, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía se ha mostrado satisfecha con la sentencia del Supremo y ha exigido que se modifiquen ya las reglas del trasvase.

“Esta es quizá la sentencia más dura del Tribunal Supremo para el Levante. Deja una cosa absolutamente clara y es que los caudales ecológicos del Tajo son obligatorios y están por encima del trasvase”, ha dicho a EFE el presidente de la asociación, Borja Castro.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recalcado que el Gobierno tratará de que los caudales ecológicos mínimos sean compatibles con el regadío, ya que ambos son "absolutamente fundamentales".

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) recurrió en abril de 2023 el real decreto por el que se aprobó la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones del Cantábrico Oriental, Miño, Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Los regantes alegaban que existía una voluntad política de poner fin al trasvase Tajo-Segura y que ese propósito se pretendía conseguir mediante la determinación de unos caudales ecológicos mínimos.

En opinión de los recurrentes, la fijación de esos caudales infringía la normativa relativa a la planificación hidrológica y la regulación del propio trasvase.

Además, los regantes criticaban los criterios técnicos utilizados por la Administración para fijar los caudales y aseguraban que iban en detrimento de los derechos de uso del agua en la cuenca del Segura.

En junio de 2025, el Abogado del Estado y la Junta de Castilla-La Mancha solicitaron que el recurso fuera desestimado.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha concluido ahora que el real decreto no infringe la legalidad vigente. EFE