Cinco años después de la ayuda a Plus Ultra expresidente Zapatero declara como investigado

Madrid, 19 may (EFE).- El préstamo de 53 millones de euros concedido por SEPI en 2021 a la aerolínea Plus Ultra ha derivado en la imputación, por primera vez en la historia de la democracia española, de un expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que deberá declarar como investigado el próximo 2 de junio.

Los hechos se remontan al 9 de marzo de 2021, cuando el Gobierno autorizó la ayuda a la aerolínea española -fundada en 2011 y que entre 2017 y 2025 tuvo capital venezolano- a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas azotadas por la pandemia, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En abril de 2022, el juzgado de instrucción nº 15 de Madrid inició diligencias contra el que fuera presidente en funciones de SEPI Bartolomé Lora y el consejo de administración de la entidad pública, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación.

Sin embargo, en enero de 2023 la titular del juzgado, Esperanza Collazos, sobreseyó de forma provisional la causa atendiendo al recurso presentado por la empresa, al entender que "no aparece debidamente justificada la comisión de un delito", ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo.

La magistrada, con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, descartó que se cometieran delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas presentadas por Manos Limpias, el PP y VOX.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de varias tramas de corrupción venezolana, por lo que pidió la reapertura del caso.

Después de más de un año de investigación, en diciembre de 2025 el presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez fueron detenidos -y posteriormente puestos en libertad- por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

En el marco de esta operación varios agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía, tras lo cual la jueza se inhibió en favor de la Audiencia Nacional al considerar que el asunto tiene mayores ramificaciones que las recogidas inicialmente en la querella.

Tras estas diligencias, Plus Ultra denunció a la UDEF por revelación de secretos al constatar que documentos obtenidos durante el registro de su sede en diciembre de 2025 habían sido publicados por la prensa, pese al secreto de sumario.

Según la aerolínea, "es evidente que uno o más funcionarios de la UDEF, adscritos a la investigación y que tienen en su poder la documentación contable intervenida", han quebrantado el deber legal de secreto y han dado o están dando acceso a terceros a dicha información.

El caso recayó sobre el juzgado central de instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, José Luis Calama, ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente Rodríguez Zapatero por posibles delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

El despacho de Zapatero y otras tres sociedades mercantiles han sido objeto de un registro este martes, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas.

A comienzos de marzo, Zapatero compareció en la comisión del Senado del caso Koldo, y negó haber tenido relación con la ayuda a la aerolínea, además de defender la legalidad y el cumplimiento con el fisco de todos sus trabajos de consultoría.

En la cámara alta, explicó que hizo consultoría política para Análisis Relevante -cliente de Plus Ultra-, por la que cobró 70.000 euros brutos anuales, contrafactura y cotizados al IRPF, y que la comunicación y 'marketing' se la hizo la pequeña empresa de seis empleados que tienen sus hijas, de la que ha destacó que nunca trabaja para administraciones públicas. EFE