El Supremo retrasa al 22 de mayo la vista sobre medidas cautelares contra la regularización extraordinaria de migrantes

El Tribunal Supremo ha pospuesto al próximo 22 de mayo la vista convocada para escuchar peticiones de paralizar de forma cautelar el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno mientras se resuelve el fondo del asunto.

Según una providencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo aplaza la convocatoria, prevista inicialmente para este miércoles, por necesidades del servicio.

Las partes convocadas a esta vista que piden la suspensión cautelar de la iniciativa del Gobierno son Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.

Por parte del Ejecutivo está previsto que la Abogacía del Estado acuda a defender que no se suspenda la regularización, porque supondría una "afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general", según indicó en un escrito de alegaciones al que tuvo acceso Europa Press.

Hazte Oír solicitó al alto tribunal que suspendiese cautelarmente el real decreto porque considera que excede los límites legales y "altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos".

En líneas similares, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica vio "riesgo cierto de perjuicio irreparable" con la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la "tramitación de un volumen extraordinario de solicitudes", la "generación de situaciones jurídicas individualizadas" o la "concesión de autorizaciones de residencia y trabajo".

Vox denunció, en palabras de su dirigente Ignacio Garriga, que "lo que se va a producir es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria" y "un mensaje muy claro al mundo, que es que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España".

Y el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso justificó su recurso porque consideran que afecta "gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios", además de "contravenir" la normativa de la Unión Europea y "afectar" a la seguridad.

El Ejecutivo central de Pedro Sánchez aprobó en abril el real decreto del que se beneficiarán 250.000 solicitantes de asilo y 250.000 personas que se encuentran en situación irregular, según aseguraron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ya ese mismo mes, el Supremo requirió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que le remitiera el "expediente administrativo" del real decreto para la regularización.