El PP acusa a Ábalos y Koldo de estar "prestos a ser corrompidos" por Aldama mientras "morían por millares" en pandemia

Alberto Durán, abogado del PP y que lidera la acusación popular en el juicio del Tribunal Supremo (TS) por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, ha denunciado este miércoles que los acusados "se lucraban con la enfermedad mientras los ciudadanos morían por millares cada día".

"Su propósito era corromper", ha dicho sobre el empresario acusado Víctor de Aldama, "a quien estaba presto para ser corrompido", en referencia al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, también enjuiciados.

El abogado ha señalado que Aldama "estaba absolutamente involucrado e incrustado" en la organización. "Se movía como pez en el agua en el Ministerio, hasta el punto de que levantó ciertas alarmas", ha señalado.

"Hay unos pagos periódicos concedidos por Aldama o su entorno a Ábalos y Koldo" por una cuantía de 10.000 euros, ha manifestado Durán.

No obstante, la acusación popular ha añadido "un pago también periódico" que es "la retribución del piso de Jéssica Rodríguez". El abogado lo ha resumido diciendo que "hay unos pagos periódicos y hay unos pagos que aparecen".

Y ha puesto de manifiesto que en un momento dado "los pagos se hacen a través del hermano de Koldo", Joseba García, después de un enfado entre el exasesor y el empresario.

ALDAMA SE MOVÍA "COMO PEZ EN EL AGUA" EN EL MINISTERIO

En este sentido, el abogado ha detallado que a partir de septiembre de 2021, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "ha señalado hasta nueve encuentros entre Joseba García y Aldama o su entorno".

"Queda en evidencia primero que la iniciativa para esas reuniones con Joseba no parte de Joseba, que teóricamente va a protestar sobre un coche, sino que parte de Aldama", ha manifestado.

Sobre el alquiler con opción de compra de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid que el empresario adquirió como una presunta dádiva para Ábalos, Durán ha señalado que el exministro "no ha sabido dar una explicación plausible" de este extremo.

El letrado ha indicado que "esto ocurría precisamente cuando se estaban discutiendo determinadas comisiones nada menos que de 500.000 euros al mes por la venta de petróleo".

"De modo que tiene lógica lo que dice el señor Aldama respecto de que esto constituía efectivamente una garantía para que Ábalos estuviera tranquilo", ha remachado.

La acusación popular pide penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo, mientras que para el empresario solicita alrededor de cinco años de cárcel al aplicarle la atenuante muy cualificada de confesión.