Suspendido el juicio por corrupción urbanística derivada del caso 'cártel del fuego' para estudiar una pericial

La Sección Tercera de la Audiencia de Valencia ha suspendido este lunes la celebración del juicio que debía arrancar en esta jornada contra el exalcalde de Quartell Francisco Huguet, el exconcejal de la localidad Emilio Mañez, el dueño del grupo Avialsa, Vicente Huerta, y otros siete acusados por presunta corrupción urbanística derivada de la trama del 'cártel del fuego' a petición de la Fiscalía para poder estudiar una nueva prueba pericial solicitada por las defensas.

La nueva vista, tras el aplazamiento, se celebrará en un plazo no inferior a los 30 días y previamente a su reanudación se fijará una nueva sesión para terminar de dirimir las cuestiones previas.

La Fiscalía Anticorrupción solicita inicialmente penas que oscilan entre siete y 22 años y cinco meses de prisión para los acusados como presuntos autores de los delitos continuados de cohecho, falsedad documental, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución cometidos entre los años 2005 y 2016.

Según su escrito provisional, los dos responsables públicos recibieron diversas contraprestaciones por su actuación presuntamente delictiva consistente en rebajas por la compra de terrenos, fincas y viviendas o el uso de vehículos de alta gama, entre otras.

El letrado de Huguet ha presentado un nuevo informe pericial con el que pretende contradecir el elaborado por la UDEF alegando, entre otras cuestiones, que habían "desaparecido" expedientes administrativos de Quartell y Alfara "custodiados" por la unidad de la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía.

Sin embargo, la fiscal anticorrupción se ha opuesto a su admisión y subsidiariamente ha pedido el aplazamiento de la vista para tener tiempo para su estudio. La presidenta del tribunal ha acordado el aplazamiento para que todas las partes puedan analizarlo.

La Fiscalía también ha pedido incorporar la sentencia por conformidad de la Audiencia Nacional sobre la causa original del conocido como 'cartel del fuego' en la que el empresario reconoció el fraude en contratos públicos sobre aviones para extinguir incendios, y por la que fue condenado a diez penas de entre tres y seis meses de prisión al entender el ministerio público que demuestra "la forma de actuar" de los acusados.

Sin embargo, las defensas se han opuesto alegando que el ministerio público solo quería crear "un ambiente contra los acusados de que 'entre pillos anda el juego'" y el tribunal lo ha aceptado al no ver suficientemente fundamentada la petición.

Los hechos enjuiciados se remontan a 2005 y 2016. El ministerio público sostiene en su calificación jurídica que el presidente del Holding Empresarial Avialsa se valió de la capacidad de influencia y decisión de los dos regidores para obtener la adjudicación de terrenos municipales con destino a operaciones urbanísticas en municipios de la comarca del Camp de Morvedre, especialmente en Alfara de Algimia y Quartell, aunque en realidad no pretendía ejecutar los proyectos sino ceder a otras mercantiles esa ejecución.

Según la Fiscalía, los dos responsables públicos recibieron diversas contraprestaciones por su actuación presuntamente delictiva consistentes en rebajas por la compra de terrenos, fincas y viviendas o el uso de vehículos de alta gama, entre otras. Por estos hechos, pide para Emilio Máñez un total de 22 años y cinco meses de cárcel: dos por un delito de falsedad, siete por prevaricación administrativa, cuatro por cohecho, y cinco y seis meses por blanqueamiento de capitales y cuatro por un delito de frustación de la ejecución.

Por su parte, Francisco Huguet se enfrenta a 16 años y cinco meses de prisión --siete por prevaricación, cuatro por cohecho y cinco años y seis meses por blanqueo-- mientras que el empresario Vicente Huerta a un total de siete años de prisión (tres años por falsedad y cuatro por cohecho).

Además, la Fiscalía solicita en su escrito de acusación indemnizaciones a favor del Ayuntamiento de Quartell --que ejerce la acusación particular-- que suman, en su conjunto, casi 700.000 euros.

Huguet y su asesor y exteniente de alcalde Emilio Mañez (PP) ya fueron condenados en 2022 a la pena de dos años y medio de prisión por su participación en los llamados contratos zombies de la empresa pública Imelsa como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.