
La Fiscalía de Málaga ha solicitado una pena de 48 años y ocho meses de prisión para un hombre al que acusa de supuestamente asesinar a su pareja, en el ámbito de la violencia de género, y después prenderle fuego a la casa en Benalmádena en febrero de 2025; todo ello delante de sus hijos menores de edad de once, nueve y siete años en esos momentos.
Según el escrito de acusación provisional, elaborado por la fiscal decana de Violencia sobre la Mujer de Málaga, Flor de Torres, el acusado y la víctima fueron pareja desde 2008 y tuvieron tres hijos, estableciéndose en una vivienda, en la que también residían, aunque en dependencias separadas, la madre de la mujer y otro hijo de la víctima fruto de una relación anterior.
Así, la acusación pública señala en sus conclusiones iniciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, que el acusado desde el inicio de la relación, "proyectó sobre su pareja un rol de genero instalado en la desigualdad", de forma que supuestamente "desarrolló conductas de control, aislamiento social, dominio y subordinación que produjeron impacto directo en su autonomía y en su red de apoyo".
Según la fiscal, el procesado supuestamente la insultaba y amenazaba con quitarle a los hijos y a estos les manifestaba "la intención de asesinar a su madre" y también los sometía a presuntos "castigos exacerbados, pegándoles con un cinturón o con la mano". Además, el aislamiento no era solo a nivel social sino familiar, impidiendo relación de sus hijos con el de la mujer.
La fiscal relata actitudes en las que el hombre supuestamente actuaba con "desprecio sobre ella", a través "del dominio y control" y también alude a "la manipulación y victimización de los menores", apuntando a "un sometimiento de toda la unidad familiar al acusado". La mujer había intentado romper la relación en numerosas ocasiones, pero se lo impedía él con violencia física y psíquica".
El día del crimen, el 9 de febrero de 2025, de madrugada, el acusado fue al domicilio familiar, en el que ya no convivía de forma permanente aunque tenía acceso, y lo hizo supuestamente "con el propósito de acabar con la vida de la víctima", por lo que se acercó a la habitación donde esta dormía con sus hijos provisto de una sudadera con capucha y un pasamontaña.
"Le agredió de forma sorpresiva sin posibilidad de defensa alguna, en presencia de los menores", dice la Fiscalía, que sostiene que se trató de una acción "promovida por el desprecio a su condición femenina", portando un anillo tipo puño americano con forma de lobo. Asimismo, se le acusa de, "tras la agresión, cogerla del cuello para posteriormente estrangularla".
El hijo de once años acudió en su ayuda y también fue agredido, señala el ministerio público, apuntando que el hombre prendió fuego "a donde estaba postrada" la mujer; un incendio "causado intencionalmente por el acusado", que habría utilizado sustancias acelerantes, "con el inminente riesgo de propagación y afectación a los menores que estaban dentro".
Supuestamente el hombre se fue dejando allí a todos y realizó dos llamadas comunicando el incendio en la vivienda, donde los efectivos de Bomberos encontraron a la víctima, que falleció por estrangulación, con el cuerpo "completamente calcinado". Además, la Policía Local encontró en la puerta al hijo de once años y dentro del domicilio, a las otras dos menores "aterradas".
Cuando el hombre fue interceptado por la calle manifestó: "Ahí dentro está la mujer". Por estos hechos se le acusa de un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia de género, por el que pide 25 años de cárcel; así como de delitos de maltrato habitual, tres de malos tratos; incendio; amenazas; coacciones y delito leve de vejaciones.
En total pide 48 años y ocho meses de prisión, considerando que se deben aplicar las agravantes de parentesco y de género; y solicita la privación de la patria potestad de los menores, como víctimas directas y vicarias del delito de asesinato; y que se le prohíba acercarse o comunicarse con ellos y con la abuela; así como el pago de una indemnización de 111.200 euros a cada uno y de 180.000 euros a la madre de la víctima.


