Absuelta una de las exconcejalas acusadas junto al exalcalde de Otura (Granada) de prevaricación y malversación

La primera sesión del juicio contra el exalcalde de Otura Ignacio Fernández-Sanz (PP) y cinco antiguos concejales de este ayuntamiento por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación se ha saldado con la absolución este miércoles de una exedil por prescripción de los hechos por los que estaba investigada.

En la causa, que se juzgará hasta el jueves en la Audiencia de Granada, siguen acusadas cinco personas que se enfrentan a una petición fiscal de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación, incluyendo a Fernández-Sanz.

Aunque algunos de los procesados, entre los que no estaba el exregidor, se han mostrado dispuestos a cerrar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Otura para evitar el juicio, finalmente no ha sido posible; por lo que la sesión ha comenzado.

El tribunal ha accedido a la petición de las defensas de que los acusados declaren al final del juicio, pero antes se ha abierto el turno para las cuestiones previas.

Tras la exposición de argumentos realizados por la defensa de una de las exconcejalas alegando que el presunto delito por el que se le juzga está prescrito en su caso, tanto la Fiscalía como la acusación ejercida por el Ayuntamiento han retirado los cargos contra ella y el tribunal ha dictado en Sala una sentencia absolutoria.

Visiblemente emocionada, la exedil ha podido abandonar el banquillo de los acusados antes de que el juicio propiamente dicho arrancara con las declaraciones de los primeros testigos.

El caso gira en torno a la tramitación del expediente del servicio de recogida de residuos y de limpieza viaria del municipio; así como de la posterior rescisión del contrato.

La Fiscalía acusa al exregidor y a los cuatro exediles de adoptar acuerdos, "de forma consciente y a sabiendas de su ilicitud", en los que presuntamente "se dispusieron de los fondos públicos y de los caudales del Ayuntamiento como si fueran propios".

Según el escrito de acusación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el pleno del Ayuntamiento aprobó en enero de 2008 la contratación "por cinco votos a favor de los concejales del PP" y tres del Grupo Independiente de Otura pese a los reparos expresados por la Intervención. Cuatro de estos ediles están procesados.

No obstante, en noviembre de 2010 --"transcurridos menos de dos años desde el inicio del servicio-- el alcalde "sin justificación alguna" presuntamente convocó un pleno extraordinario para la rescisión del contrato y el rescate del servicio.

La sesión plenaria, señala el fiscal, se llevó a cabo "sin haber sido evacuados los preceptivos informes de la Intervención municipal, de los servicios técnicos" y de la Secretaría "siendo advertidos los concejales presentes de la falta" de los mismos al comienzo del pleno. Ahí se aprobó "el acuerdo de rescisión".

En ejecución de ello, Fernández-Sanz habría suscrito, presuntamente "sin tramitar expediente alguno" y "con ausencia total de procedimiento", un convenio de resolución del contrato supuestamente "con la finalidad de beneficiar al contratista y con la misma fecha del pleno".