València, 16 abr (EFE).- La Sección Tercera de la Audiencia de Valencia ha rechazado los recursos interpuestos por los empresarios Francis Puig, hermano del expresident socialista de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, y Juan Enrique Adell Bover contra el auto de su procesamiento, de modo que ambos deberán ir a juicio por estafa y falsedad.
El origen de esta causa es una querella que el PP presentó en un juzgado de València en marzo de 2019 contra el entonces director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano (Compromís), y contra Francis Puig, hermano del entonces president, Ximo Puig, por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en esas subvenciones.
El objeto de esa querella fue las ayudas que la Generalitat entregó a las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Producciones, en las que Francis Puig era administrador, en 2015 y 2016 para la promoción del valenciano.
A finales de noviembre de 2019, el PP amplió la querella para incluir a Juan Enrique Adell Bover, al considerar que el grupo empresarial de la familia Adell Bover (con empresas como Canal Maestrat, donde era administrador solidario, y Kriol, donde era administrador único) contribuyó al supuesto fraude de las ayudas al valenciano con cuestiones como facturas duplicadas.
El auto de procesamiento que la Audiencia Provincial confirma ahora sostiene que los procesados emitieron facturas falsas a través de sociedades instrumentales, con domicilios ficticios o por actividades no relacionadas con las subvenciones para obtenerlas.
El Ministerio Fiscal y la Abogacía de la Generalitat Valenciana -personada como acusación- consideran que los hechos suponen un delito de falsedad de documento mercantil y de estafa agravada, además de apropiación indebida, delitos los que responsabiliza también a Adell Bover.
La Fiscalía reclama para Puig una condena de 4 años y 10 meses de prisión, y la Abogacía 4 años; mientras que para Adell Bover ambas acusaciones reclaman 3 años.
El instructor fijó fianzas de 147.589,29 euros para el primer acusado y de 99.614,33 euros para el otro.
Las defensas de ambos acusados argumentaron en su recurso contra el auto de procesamiento que el juez que lo dictó no es el mismo que instruyó la causa, y que aquel auto fue "casi copia y pega del escrito del Ministerio Fiscal". EFE
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