Madrid, 15 abr (EFE).- El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso "ya está trabajando" en la redacción de un recurso contencioso-administrativo que elevará al Tribunal Supremo (TS) para oponerse al real decreto de regularización extraordinaria de migrantes que aprobó ayer el Consejo de Ministros.
Así lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha detallado que, en su argumentario, la Comunidad esgrimirá que la norma "afecta gravemente" a la prestación de servicios públicos "sin articular mecanismo alguno" de financiación o provisión de medios para auxiliar a las autonomías.
También ha asegurado que el real decreto contraviene "la normativa de la Unión Europea".
García Martín ha aseverado que esta regularización "se va a traducir en una saturación y desguace" de los servicios públicos y en un "riesgo de quiebra de la convivencia en nuestro país".
Y ha augurado que propiciará "un efecto llamada" y "más negocio para las mafias, que ya sitúan a nuestro país como uno de los paraísos de la inmigración irregular".
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto para facilitar la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes en unos pocos meses, texto que entrará en vigor mañana, jueves, cuando se podrá empezar a realizar las solicitudes.
El texto, que reforma el reglamento de extranjería, recoge los requisitos para beneficiarse de la medida, que son prácticamente iguales para los dos grandes grupos a los que se dirige: solicitantes de asilo que hayan hecho su petición antes del 1 de enero y las personas en situación irregular que estén en España desde antes de esa fecha.
En ambos casos, los interesados tienen que ser mayores de edad, haber permanecido en España cinco meses seguidos antes del momento de la solicitud, aportar una copia de un documento identificativo caducado o en vigor, no tener antecedentes penales en España ni en los países donde haya vivido los cinco años anteriores a su entrada en España y abonar una tasa. EFE
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