Madrid, 14 abr (EFE).- El sindicato UGT ha pedido este martes al Gobierno que convoque la Comisión de Temporalidad para abordar la reducción de la temporalidad en el sector público después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya cuestionado la figura de los trabajadores indefinidos no fijos.
En un comunicado, UGT apunta que la sentencia del TJUE constata que la figura del personal laboral indefinido no fijo podría ser contraria al derecho comunitario, pero no se pronuncia sobre una eventual conversión de estos trabajadores en personal fijo.
Para el sindicato, esta sentencia confirma la necesidad de abordar "de forma estructural" el problema de la temporalidad en el sector público y pide reunir la Comisión de Temporalidad con el objetivo de "evitar nuevos abusos y garantizar una solución integral y estable para las personas trabajadoras afectadas".
En ese mismo sentido, CCOO ha reclamado una "reforma normativa clara" que adapte el sistema español al Derecho europeo y ofrezca seguridad jurídica a las personas afectadas, ya que la sentencia demuestra que "el ordenamiento jurídico español sigue sin ofrecer una respuesta suficientemente eficaz para prevenir y sancionar el abuso en la utilización de relaciones temporales".
Hasta que se consiga, ha llamado a la prudencia -a la espera de cómo interpreten los tribunales la sentencia del TJUE- y ha avanzado que vigilará los procesos de estabilización para defender los derechos del personal temporal.
En el fallo publicado este martes, el TJUE no se pronuncia sobre si España está obligada a hacer fijos a los interinos, pero señala que transformarlos en "indefinidos no fijos" no resulta suficiente para sancionar los abusos que supone encadenar contratos temporales durante años.
El TJUE responde así a las preguntas formuladas por el Tribunal Supremo, que buscaba claridad por parte de la Justicia europea para dilucidar si era obligatorio para España convertir a los interinos en trabajadores fijos para subsanar una situación de abuso por el encadenamiento de contratos temporales.
España tiene unos 627 millones de euros del fondo de recuperación bloqueados después de que dos sentencias del TJUE emitidas en febrero y julio de 2024 ya dictaminasen que no hay medidas efectivas para sancionar la concatenación abusiva de contratos temporales con la Administración pública. EFE
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