Admitido a trámite el recurso contra el archivo de la investigación contra la macrogranaja de Llucmajor (Mallorca)

Guardar
Imagen WHCLLALKORFWHGRMDKUFMQIRGU

El Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la plataforma vecinal 'STOP Macrogranja Llucmajor. Sense Olor ni Mosques' contra el archivo de la investigación por maltrato animal contra la macrogranja avícola del municipio mallorquín de Llucmajor.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero el juzgado de archivó la causa, si bien cabía la interposición de recursos. Entonces el juez apreció que la macrogranja avícola presentaba diversas "carencias" que, sin embargo, no serían constitutivas de un delito de maltrato animal.

Los vecinos recurrieron el archivo ante el propio juzgado, que lo ha admitido a trámite pero sobre el que por el momento no se ha pronunciado, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Se trata de un trámite procesal sin contenido.

El recurso también iba dirigido ante la Audiencia Provincial de Baleares, donde según el TSJIB todavía no ha llegado.

En su recurso de apelación, la plataforma indicaban que el juez había ordenado el sobreseimiento "sin haber practicado las diligencias de investigación más esenciales", perjudicando su derecho a una tutela judicial efectiva.

Así, sostenían que el hecho de que el magistrado no hubiera observado indicios de delito no significaba que no existieran, sino que "ni tan siquiera" se habían iniciado las posibilidades de investigación, y reclamaban la práctica de diversas diligencias

Fueron las organizaciones Satya y ARDE quienes denunciaron ante la Fiscalía a la macrogranja avícola, ubicada en el municipio mallorquín de Llucmajor, por supuestos delitos contra la salud pública y estafa.

Ambas entidades de protección animal y medioambiental publicaron una investigación de abril del año pasado en la que constataron que el lugar presentaba una importante falta de higiene, con telarañas y una mezcla de polvo, tierra y plumas.

Fruto de la denuncia, inspectores del Govern y la Guardia Civil inspeccionaron las instalaciones y se ordenó el cierre de una de las naves de la explotación.