El PP y Vox exigen votar en el Congreso la ratificación del acuerdo europeo con Reino Unido sobre Gibraltar

El PP y Vox quieren que el Gobierno someta a votación en el Congreso y el Senado el acuerdo europeo suscrito con el Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit, algo que Exteriores no considera necesario alegando que es un acuerdo de asociación de la Unión Europea con terceros y basta con la ratificación por el Parlamento Europeo y con el respaldo unánime del Consejo Europeo.

En su comparecencia de hace una semana, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, calificó el acuerdo como "histórico", dio por cumplidos todos sus objetivos y celebró la unanimidad del Consejo de la UE para que se empiece a aplicar provisionalmente a partir de julio.

Pero la oposición quiere que se vote también en el Parlamento español y que se articule como una ley orgánica que requiere el apoyo de al menos la mayoría absoluta de ambas Cámaras. Así se lo ha reiterado este lunes el diputado de Vox José María Sánchez García, al secretario general para la Unión Europea, Carlos Moreno, que comparecía en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de la UE.

"TODO LO DEMÁS SON PAMPLINAS"

Sánchez García exige una ley orgánica para ratificar el acuerdo "por razones de derecho constitucional nacional", pues así se establece en el artículo 93 de la Carta Magna. "Y todo lo demás son pamplinas de gobiernos cobardes, traidores", ha remachado.

Frente a ello, el secretario general para la UE ha explicado que el procedimiento de ratificación previsto por la Unión Europea viene avalado por los servicios jurídicos de la Comisión Europea, del Consejo y de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia, pues se considera un acuerdo de asociación de la UE que no necesita ser votado en los parlamentos de los 27, sino en el de Estrasburgo.

La cuestión del procedimiento se acabará debatiendo en el Pleno del Congreso, ya que el PP ha registrado una proposición no de ley exigiendo al Gobierno que aplique ese artículo 94.1 de la Constitución a ese acuerdo, ya que encaja en varios de los supuestos que exigen autorización previa del Parlamento: acuerdos que afecten a la integridad territorial, tengan carácter político o militar, incidan en derechos y deberes fundamentales, comporten obligaciones financieras para la Hacienda Pública o requieran medidas legislativas para su ejecución.

EXIGENCIA INSOSLAYABLE

"Su sometimiento a las Cortes Generales para su debate y ratificación constituye una exigencia constitucional insoslayable, a la que el Gobierno está obligado", subraya el PP en su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press.

A su juicio, "las negociaciones de dicho Acuerdo se llevaron a cabo con falta de transparencia y sin el debido escrutinio democrático: ni las Cortes Generales ni el primer partido de España fueron informados de los aspectos sustantivos que finalmente han quedado recogidos en el texto".

Y al final, el texto resultante "no se ha publicado en una versión en castellano, una circunstancia difícilmente justificable dada la relevancia del mismo para España y para los ciudadanos directamente afectados, lo que limita el adecuado conocimiento y escrutinio público de su contenido".