Ecologistas lamenta que el juicio por los vertidos de Sniace al Saja llegue 16 años después del "desastre ambiental"

Ecologistas en Acción ha lamentado que el juicio contra la antigua cúpula de Sniace por los vertidos contaminantes al río Saja-Besaya, que se ha fijado a partir del lunes, día 13, vaya a celebrarse 16 años después del "desastre ambiental".

Así lo ha indicado la organización ecologista tras conocerse la fecha de repetición de este juicio, que se produce después de que hace casi dos años la Audiencia Provincial de Cantabria anulara parcialmente la vista oral celebrada en 2021 y la sentencia que condenó a los exconsejeros de esta empresa de Torrelavega y al jefe de operaciones a tres meses y medio de cárcel por los residuos al río entre 2008 y 2010 sin autorización.

La vista oral se celebró en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander presidido por su titular, el juez José Hoya Coromina, actualmente jubilado, y la nueva será ante la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de este partido judicial. Las sesiones se desarrollarán durante dos semanas a partir de las 9.00 horas.

Tras el señalamiento del juicio, Ecologistas ha afirmado que la Justicia "llega 16 años tarde a un desastre ambiental de 50 millones de euros".

Para la organización, este proceso no solo juzga un presunto delito contra el medio ambiente, sino que "pone de manifiesto las graves carencias estructurales de un sistema judicial que, por su lentitud, corre el riesgo de volverse inoperante".

En un comunicado, Ecologistas ha expresado su "profunda preocupación" por el tiempo transcurrido --más de 15 años-- desde que se realizaron los vertidos hasta el juicio, una demora "plagada de circunstancias no habituales", como varios recursos, anulación de una sentencia, apertura de expediente al magistrado que había enjuiciado los hechos o su reciente jubilación.

Para el colectivo, esta "dilación indebida no es un caso aislado, sino el síntoma de una maquinaria administrativa y judicial que parece avanzar con una inercia distinta cuando se trata de delitos de cuello blanco o agresiones al patrimonio natural".

A su juicio, cuando una sentencia llega casi dos décadas después, "el efecto disuasorio de la ley desaparece y el descrédito de las instituciones aumenta".

La organización ecologista ha alertado de que la "complejidad técnica" de los procesos ambientales, sumada a la "escasez de medios especializados" en la instrucción, genera "un escenario de inercia procesal" donde los tiempos se dilatan hasta el punto de rozar la desprotección del bien común".

"Esta falta de agilidad administrativa termina operando, en la práctica, como un atenuante que beneficia exclusivamente a quienes vulneran la normativa vigente", ha lamentado.

Ante las "carencias" de un sistema "que permite que causas de esta magnitud queden "olvidadas en los cajones de los juzgados", Ecologistas ha considerado "urgente" dotar de mayores recursos técnicos y humanos a las fiscalías de medio ambiente y agilizar la toma de decisiones "para evitar que la justicia sea, simplemente, un trámite tardío que solo certifica daños ya irreparables".

"El sistema judicial no puede permitirse estos tiempos de respuesta si pretende ser un muro de contención eficaz contra la degradación de nuestro patrimonio natural", ha aseverado.

Por otra parte, ha subrayado que el juicio penal que se va a celebrar no es solo una cuestión de responsabilidad individual ya que sobre la mesa está una reclamación de indemnización de la Confederación por daños al Dominio Público Hidráulico (DPH) que asciende a casi 50 millones de euros.

En este sentido, ha advertido de las "dificultades" de gestionar esta cifra en el actual escenario de liquidación y proceso concursal de la empresa que se encuentra ya avanzado.

EL PROCESO

La primera vez los hechos se enjuiciaron en febrero de 2021 y en septiembre el juez Hoya Coromina emitió el fallo que condenaba al expresidente de Sniace Blas Mezquita, a otros seis antiguos consejeros de la empresa (Jesús Manuel Zaballa, Manuel Huerta, Antonio Temes, Víctor Guzmán, Julio A. García y Juan Yago) y al entonces jefe de operaciones de la fábrica (José Francisco González), a este último como autor penalmente responsable de un delito contra el medio ambiente en tanto que los anteriores lo cometieron por omisión.

No obstante, sobre todos recayó la misma pena, así como siete meses de inhabilitación para actividades relacionadas con vertidos al medio natural, y fueron condenados también a indemnizar a la Confederación por el perjuicio causado, siendo la empresa responsable civil subsidiaria.

Pero un año después, en octubre de 2022, la Audiencia cántabra anuló la sentencia de instancia -que aplicaba la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas- y llamó a completar la prueba citando como testigos a Francisco Martín, consejero de Medio Ambiente del Gobierno regional en el momento de los hechos, y Miguel Gómez de Liaño, que también integró el Consejo de Administración de Sniace.

La declaración de ambos debía ser ante el mismo juzgado para que dictara otra vez la sentencia de instancia valorando las nuevas testificales y la prueba de descargo y las restantes practicadas.

Sin embargo, meses después, en enero de 2023, el entonces todavía magistrado de lo Penal 2 ratificó su fallo, pese a haber sido anulado por el tribunal, y sin haber practicado las testificales requeridas, y los exconsejeros recurrieron esa sentencia.

La misma Sala, la de la Sección Primera de la AP, vio las apelaciones y las estimó en parte, al anular parcialmente el juicio y la sentencia para completar la prueba y dictar una nueva.

Además, los magistrados acordaron remitir al Consejo General del Poder Judicial copia de la sentencia y de las dos anteriores para poner en conocimiento del órgano de gobierno de los jueces la actuación del juez de lo Penal 2 de Santander por si hubiera incurrido en algún tipo de responsabilidad.