Koldo pide al Constitucional que suspenda el juicio de las mascarillas en el Supremo y que lo mande a la AN

El documento presentado ante el Tribunal Constitucional incluye la petición de que se investigue desde qué momento comenzó el análisis forense de las pruebas, con el objetivo de aclarar si las fuerzas de seguridad abrieron diligencias sin autorización previa del Congreso de los Diputados sobre José Luis Ábalos, por entonces aforado. Esta cuestión se considera clave para la defensa, que sostiene que un eventual inicio irregular de la instrucción supondría una infracción constitucional. Sobre esta base, el exasesor ministerial Koldo García ha interpuesto un recurso de amparo con el fin de paralizar el juicio sobre la compra de mascarillas, programado en el Tribunal Supremo para el 7 de abril, y solicitar que la causa sea trasladada a la Audiencia Nacional debido a presuntas vulneraciones de derechos fundamentales en el proceso judicial.

Según informó Europa Press, la abogada del exasesor, Leticia de la Hoz, fundamenta que el Tribunal Supremo perdió competencia para conocer el caso tras la dimisión de Ábalos como diputado a finales de enero y su consiguiente pérdida de aforamiento. La defensa considera que el Alto Tribunal ha puesto en primer plano "el rigorismo de los plazos y la comodidad judicial" en detrimento de diversas garantías constitucionales del acusado. Europa Press detalló que la defensa de García ha especificado once preceptos de la Constitución Española que han resultado, en su criterio, vulnerados durante el proceso. Entre estos se incluyen el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al juez ordinario determinado por la ley y el derecho a disponer de todos los medios de prueba pertinentes.

El escrito presentado por la defensa también insiste en la existencia de una "indefensión a ciegas" para su cliente. Según expone la abogada De la Hoz, Koldo García enfrenta el juicio sin haber tenido la posibilidad de examinar ni confrontar las pruebas tecnológicas en las que se apoya la acusación, principalmente los mensajes obtenidos de los teléfonos de los acusados, analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La defensa denuncia que la interpretación de la UCO de dichos mensajes resulta parcial y descontextualizada, y remarca que la negativa a acceder a los datos originales impide a los peritos contratados por la defensa reconstruir una línea temporal verificable, analizar metadatos y revisar la consistencia de las comunicaciones, lo que limita su capacidad para refutar las hipótesis policiales y aportar otros elementos de contexto.

El recurso sostiene que esta limitación incide directamente sobre "el derecho a la prueba y a la igualdad de armas", subrayando la importancia de garantizar el acceso a la información en bruto y la correcta conservación de la cadena de custodia electrónica. Para la defensa de Koldo García, la restricción injustificada para acceder a los datos tecnológicos vulnera principios fundamentales del procedimiento.

Según consignó Europa Press, el texto remarca que el caso debe analizar si la instrucción forense comenzó con las autorizaciones pertinentes o si se llevaron a cabo indagaciones previas de manera clandestina, especialmente mientras Ábalos mantenía su condición de aforado. De confirmarse la segunda opción, la defensa sostiene que se habría producido una "violación constitucional grave" por parte de las fuerzas de seguridad responsables de la investigación inicial.

Otra de las cuestiones planteadas en el recurso de amparo hace referencia al papel del empresario Víctor de Aldama, también imputado en el caso. La defensa de Koldo García sitúa el núcleo del caso en lo que califica como "un pacto opaco extraoficial" entre Aldama y la acusación, señalando que este acuerdo habría supuesto ventajas penales para el empresario a cambio de inculpar a Koldo García. El recurso apunta que este tipo de pacto promueve la construcción de "una verdad de artificio", colocando a la defensa en situación de clara inferioridad durante el proceso oral.

Europa Press también informó que el escrito critica que algunos de los beneficiarios directos de los hechos investigados hayan recibido "inmunidad indebida" a cambio de su colaboración en la acusación. La defensa señala que estas prácticas distorsionan el proceso y afectan su equilibrio.

Las peticiones formuladas en el recurso de amparo reflejan la preocupación de la defensa respecto a la admisión y valoración de pruebas, la preservación de las garantías procesales, el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a un procedimiento con todas las garantías constitucionales. El pasado 17 de marzo, la defensa de Koldo García ya formuló una queja en el Tribunal Supremo, que fue desestimada entonces por el alto tribunal.

De acuerdo con los datos recopilados por Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama, quien ha admitido los cargos en su contra. Por otra parte, las acusaciones populares, coordinadas por el Partido Popular, solicitan 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, ambos en prisión provisional desde el 27 de noviembre, y para Aldama la misma pena solicitada por la Fiscalía.

El recurso presentado por Koldo García ante el Tribunal Constitucional busca, en suma, que se declare la nulidad del auto dictado por el Supremo, se suspenda el juicio pendiente y se traslade la causa a la Audiencia Nacional, alegando que la competencia ya no corresponde al Alto Tribunal tras la pérdida de los aforamientos. El proceso judicial abierto y las imputaciones vinculadas a la adquisición de mascarillas durante la emergencia sanitaria continúan bajo un fuerte debate por la adecuación de las garantías procesales y la actuación de los órganos encargados de la instrucción, según publicó Europa Press.