El juicio por el crimen de El Torrejón de Huelva tendrá que repetirse tras disolverse el jurado sin veredicto

La magistrada-presidenta de sala devolvió en tres ocasiones las actas al jurado, detectando contradicciones que impidieron alcanzar un veredicto válido sobre la muerte de un hombre ocurrida en 2020 en la barriada de El Torrejón, Huelva. Este escenario, previsto en el artículo 65 de la Ley del Jurado, obliga a que el proceso se reinicie con un nuevo juicio oral, un nuevo jurado popular y un presidente de sala diferente. Según informó Europa Press, la disolución del jurado resulta una medida poco frecuente y provoca que la reanudación del proceso pueda demorarse, ya que el nuevo magistrado deberá estudiar toda la documentación antes de asignar la fecha de la vista.

El juicio, iniciado el 13 de marzo, buscaba esclarecer los hechos relacionados con la muerte de un varón de 48 años durante una confrontación que dividió a familiares y vecinos del barrio. El Ministerio Fiscal, tres acusaciones particulares —en nombre de la víctima, su madre y hermanos— y tres defensas representando a los acusados participaron en el proceso, según consignó Europa Press. La última jornada estuvo marcada por la decisión del Ministerio Público de retirar los cargos contra dos de los once procesados, en concreto el padre del principal acusado y el hijo del acusado que había resultado lesionado, al no encontrar pruebas que los vincularan directamente a la agresión.

De acuerdo con Europa Press, la Fiscalía mantuvo la petición de 15 años de prisión para el principal acusado, atribuyéndole un delito de homicidio. Para otros cuatro imputados solicitó 13 años de cárcel por la misma figura delictiva, mientras que para los restantes procesados propuso condenas de cuatro años por lesiones cualificadas. Uno de los abogados de la acusación particular, en representación de varios hermanos de la víctima, coincidió en la calificación de homicidio y se adhirió a la solicitud del Ministerio Fiscal, aunque otro de los letrados rebajó la acusación de asesinato a homicidio para el tío del principal acusado, alegando el agravante de reincidencia debido a una condena previa por otro homicidio. Este último solicitó 15 años de prisión e incrementó la petición para otros encausados a 13 años, argumentando una participación conjunta en la muerte.

Por otro lado, la acusación en nombre de la madre, un hermano y el propio fallecido mantuvo la acusación inicial de asesinato con alevosía y ensañamiento, figuras que el resto de las partes no consideraron apropiadas, al igual que la Fiscalía que descartó estas agravantes. Esta parte solicitó 25 años de prisión para los once acusados bajo el concepto de “autoría conjunta”, según comunicó Europa Press.

Durante las conclusiones, los abogados defensores pidieron la absolución de sus clientes, pues entendieron que las pruebas resultaban insuficientes para sustentar una condena por homicidio o asesinato. Hicieron referencia al principio “In Dubio Pro Reo”, subrayando la ausencia de evidencia material: “No hay huellas, no hay armas, no hay nada”, declaró uno de los letrados, citado por Europa Press. De acuerdo con las defensas, la situación exigía un veredicto de “no culpabilidad”.

Las versiones sobre el origen del altercado presentaron notables diferencias. Las acusaciones sostuvieron que todo comenzó por una filtración de agua de la vivienda de una vecina situada sobre la del fallecido, lo que afectó al acusado principal. Se alegó que este último exigió dinero al fallecido para reparar el baño y, al no obtenerlo, lo habría amenazado de muerte. La defensa propuso otra narración: atribuyó el suceso a un presunto acoso del fallecido hacia la hija menor de uno de los acusados. Según esta tesis, la víctima se presentó en casa del padre del acusado y lo amenazó con un cuchillo, lo que desembocó en la pelea mortal. El acusado principal reconoció haber usado un palo con extremo de hierro por defensa personal, pero negó ser el autor de la puñalada letal, según relató Europa Press.

Durante el juicio, también se escuchó la declaración de la vecina de arriba, quien describió a la víctima como una persona “conflictiva”, relató que la mantenía en estado de miedo constante y la acosaba sexualmente. No confirmó si el fallecido había acosado a la menor, aunque lo calificó de obsesionado con las mujeres de cualquier edad.

En el ámbito de la prueba pericial, dos médicos forenses informaron que la muerte fue causada por una puñalada en la zona lumbar, que penetró el diafragma y un pulmón, provocando neumotórax y perforando el corazón, lo que originó un shock hipovolémico debido a pérdida masiva de sangre. Según reportó Europa Press, los forenses identificaron 29 lesiones en distintas partes del cuerpo del fallecido, incluyendo áreas del tronco, cabeza, brazos y manos, varias de ellas catalogadas como defensivas y producidas por diferentes objetos. Determinaron que la puñalada fue ascendente, con una inclinación de aproximadamente 45 grados, infligida con un arma blanca de 2,5 centímetros de ancho y 20 de largo.

La Policía Nacional localizó tres armas cerca del cuerpo: un cuchillo con mango verde, un bate de béisbol y una navaja. Posteriormente, la seguridad en la barriada de El Torrejón se reforzó debido a ciertos intentos de enfrentamiento tras la reyerta, según recogió Europa Press. Las pesquisas de ADN en el laboratorio de la Policía Nacional en Sevilla determinaron que la camiseta del acusado principal presentaba tanto la sangre de la víctima como la del propio acusado y de uno de sus hermanos, a su vez imputado. En una navaja se identificaron perfiles genéticos que no se pudieron precisar; el cuchillo, de 34 centímetros, contenía sangre de la víctima y de otro acusado; el bate de béisbol mostró restos de sangre del fallecido y de un tercer reo, sangre que también se rastreó en otros objetos relacionados con la causa. Otra navaja solo presentaba vestigios sanguíneos del fallecido.

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Sevilla examinó la ropa de la víctima, hallando su propia sangre y dos muestras con perfiles genéticos adicionales, imposibles de identificar por la baja cantidad de ADN, comentó Europa Press.

Las primeras sesiones del juicio recogieron los testimonios de familiares del fallecido, policías y peritos. Los hermanos de la víctima declararon ante la sala que el hombre no tenía problemas previos con nadie en el barrio y relataron que la disputa derivó “por la filtración”, sumando que el acusado exigió 3.000 euros para cubrir los daños. Dos hermanas sostuvieron haber presenciado el momento de la agresión mortal e identificaron al acusado principal como responsable de la puñalada. Las defensas pusieron en cuestión estas afirmaciones, remarcando contradicciones entre los testimonios vertidos en juicio y anteriores comparecencias y dudando de que haya habido testigos directos del suceso.

El procedimiento judicial se prolongará indefinidamente hasta que pueda celebrarse el nuevo juicio con la composición renovada del tribunal popular, mientras las diversas partes esperan una resolución definitiva para un caso que, según distintos testimonios, involucra enfrentamientos vecinales y presenta versiones irreconciliables sobre los hechos que derivaron en la muerte violenta de 2020.