
La vicepresidenta del Observatorio de Libertad Religiosa y de Conciencia explicó durante el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid que el tuit de Pablo Echenique fue incluido en su informe sobre ataques a la libertad religiosa porque se refería a una persona pública, y señaló que este tipo de manifestaciones podría contribuir a un aumento de los ataques contra sacerdotes. El caso gira en torno a una publicación realizada en 2024 en la que Echenique, entonces exdiputado de Podemos, escribió: “Estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”, en respuesta a unas declaraciones del arzobispo de Oviedo sobre inmigración. Según consignó la agencia Europa Press, el proceso judicial se abrió tras una denuncia presentada por Abogados Cristianos, que acusa al exparlamentario de un presunto delito de odio.
Durante la sesión, Echenique declaró que su tuit tenía un carácter irónico, no literal, y que buscaba contraponer dos cuestiones que consideraba incoherentes: los delitos relacionados con inmigrantes y los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. El expolítico afirmó: “No creo que haya que castigar a todos los sacerdotes. Por eso el tuit habla de ‘deportar’, que es imposible", añadiendo que esa imposibilidad deja patente la intención sarcástica de su publicación. Expuso que lo hizo desde su posición como figura pública preocupada por su país y explicó que respeta la labor social de la Iglesia Católica, reiterando que no tenía ánimo de ofender. Europa Press reportó que Echenique solo respondió a preguntas de su abogado y de la Fiscalía y fue el último en declarar en la vista, según lo solicitado por la defensa al inicio de la jornada.
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La acusación, por su parte, solicitó para Echenique una pena de un año de prisión y una multa de seis meses bajo la consideracion de que su comentario constituye un delito de odio motivado por una supuesta animadversión personal hacia la Iglesia Católica. Abogados Cristianos señaló que, en opinión de su representante legal, el contenido del mensaje "no es inocuo" y que, al no estar basado ni en el informe del Defensor del Pueblo ni en datos oficiales, revela una "manía" contra esa institución religiosa. Según su argumento, “basta con que tenga la actitud y la intención particular de humillar” para que se justifique la acusación por supuesto delito de odio.
El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, abrió la serie de testimonios a solicitud de la acusación. Durante su intervención afirmó que el informe que elaboró sobre abusos sexuales era de carácter "general" y que no se refería exclusivamente a la Iglesia, matizando que en ese contexto no se estaba “juzgando a ninguna institución”. En el interrogatorio posterior, la presidenta del tribunal intervino para precisar que el informe mencionado no formaba parte directa del objeto del juicio y limitó la discusión sobre su contenido, según publicó Europa Press.
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La vicepresidenta del Observatorio de Libertad Religiosa fue consultada por la Fiscalía sobre la independencia de la entidad, a lo que respondió afirmativamente, y, tras una pregunta de la defensa, confirmó que la presidenta de Abogados Cristianos forma parte del consejo de expertos que supervisa su informe. En el transcurso del interrogatorio, la defensa de Echenique preguntó por qué el Observatorio no incluyó en su informe una recogida de firmas impulsada por la asociación católica para evitar la eliminación de fiestas cristianas en Melilla, a lo que la testigo contestó que no lo recordaba pero creía que así se había decidido.
El tribunal desestimó la solicitud de la defensa para incorporar testificales de periodistas, considerando que no aportaban elementos necesarios al caso. El abogado de Echenique protestó esta decisión ante la magistrada Adela Viñuelas, quien presidió la sesión, pero el tribunal mantuvo su postura, detalló Europa Press.
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En la exposición de conclusiones, la representante de la acusación reiteró que las manifestaciones de Echenique constituían un delito de odio y que la acusación no dependía de informes externos. Asimismo, enfatizó la presunta actitud de humillación hacia el colectivo de sacerdotes como base de la acusación. El fiscal defendió su postura absolutoria, argumentando que “no todo lo odioso es delito de odio” y subrayó que ni el arzobispo de Oviedo ni representantes de la Iglesia Católica se habían personado en la causa. Clasificó tanto la respuesta del religioso como el tuit de Echenique dentro del marco de la confrontación política, lo que, a su entender, limita las posibilidades de considerar lo ocurrido como delito de odio, dada la naturaleza pública de los intervinientes.
La defensa de Echenique insistió en que las palabras de su representado constituían ironía y sarcasmo, y arguyó que no se ha aportado al proceso prueba alguna de relación entre el mensaje y agresiones contra sacerdotes. También solicitó la imposición de costas procesales a la acusación.
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Antes de finalizar la vista, Echenique ejerció su derecho a la última palabra señalando: “Es imposible que una persona que no odia a los sacerdotes emita un mensaje de odio” contra ese colectivo. Añadió que si los tribunales juzgaban la ironía como si se tratara de afirmaciones literales, surgirían complicaciones mayores. La presidenta del tribunal, Adela Viñuelas, dio por finalizada la sesión y dejó el caso visto para sentencia cerca del mediodía, según relató Europa Press.
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