Bustinduy denuncia que las imágenes de la detención de Mbaye (Podemos) son "absolutamente inaceptables"

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, alertó sobre el creciente riesgo de normalización de la violencia dirigida explícitamente contra mujeres y organizaciones de izquierda, haciendo referencia a episodios como “montajes policiales” o persecuciones judiciales, cuya resolución, según él, no conduce a consecuencias legales, pero sí genera señalamientos y hostigamiento. En este contexto, denunció que la lista de dirigentes y exfuncionarios que han experimentado “persecución política por el hecho de ejercer sus funciones de representación” es “larguísima”, y citó a figuras como Mónica Oltra, Ada Colau, Rita Maestre, Pablo Iglesias e Irene Montero. La intervención tuvo lugar durante el foro ‘El liderazgo de España en la estrategia europea’, organizado por eldiario.es.

Según consignó eldiario.es, el ministro condenó abiertamente las imágenes de la detención del exdiputado madrileño y dirigente de Podemos Serigne Mbaye, calificándolas como "absolutamente inaceptables y no pueden tener cabida" en España. Bustinduy vinculó este tipo de actos de violencia tanto a motivos raciales como políticos y subrayó la importancia de denunciar cualquier situación de este tipo. "No se puede normalizar en una democracia digna de tal nombre que se ejerza este tipo de violencia por razones políticas y raciales”, afirmó.

Eldiario.es detalló que Bustinduy también respaldó la movilización social que tuvo lugar la noche anterior para exigir explicaciones y rechazar el arresto de Mbaye. Expresó su agradecimiento a quienes participaron, señalando la relevancia de la respuesta ciudadana ante hechos que considera incompatibles con un sistema democrático.

Durante su participación en el evento, el ministro insistió en que la existencia de violencia orientada por motivos de discriminación política o racial resulta “extraordinariamente preocupante”. Además, puso énfasis en los efectos adversos de estos episodios sobre la convivencia política y la función de representación.

En referencia a las perspectivas electorales de la izquierda alternativa, Bustinduy explicó que las formaciones progresistas atraviesan un periodo de reconfiguración en el que destacan eventos recientes, como la reedición de la alianza de los partidos de Sumar y la serie de actos impulsados por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en colaboración con otros dirigentes del espacio, entre ellos un evento programado con Irene Montero el 9 de abril. Según publicó eldiario.es, Bustinduy interpretó tales iniciativas como síntomas de vitalidad y toma de conciencia por parte de estos sectores para llegar a las próximas citas electorales en mejores condiciones. “Frente a los análisis fatalistas sobre las perspectivas de la izquierda alternativa, estoy convencido de que al final hará las cosas bien”, expresó durante su discurso.

Por otra parte, eldiario.es reportó la actuación de la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, quien, en compañía de los diputados Lander Martínez y Viviane Ogou, presentó una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al Ministerio del Interior exigiendo explicaciones acerca de la intervención policial en la que fue detenido Serigne Mbaye. Los diputados solicitan que el Ministerio aclare los criterios aplicados por los agentes en el arresto y si se garantizó la protección de los derechos fundamentales durante el operativo.

En la documentación registrada, los representantes de Sumar exponen que las imágenes del arresto suscitan “interrogantes relevantes sobre la proporcionalidad de la actuación policial” y plantean la posible utilización de “prácticas de identificación o intervención basadas en perfiles raciales o discriminatorios”, prácticas que, según afirman, han motivado múltiples denuncias por parte de organismos nacionales e internacionales.

En opinión de estos parlamentarios, publicada por eldiario.es, la detención de una figura pública asociada con la defensa de los derechos humanos introduce una dimensión “de especial sensibilidad democrática”, dado que podría tener un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión, la participación política y la acción social legítima. Los integrantes de Sumar subrayan que los cuerpos de seguridad del Estado, en una democracia avanzada, deben actuar de acuerdo a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Cuando existen dudas razonables sobre el proceder policial, afirman que “la transparencia no es una opción: es una obligación democrática”.

Las reacciones originadas por este episodio ponen de relieve la preocupación institucional y social ante la posibilidad de que las actuaciones de las fuerzas de seguridad impliquen discriminación o desproporcionalidad en contextos de protesta social o actividad política, según lo analizado por eldiario.es. Organizaciones y voces vinculadas a la defensa de los derechos humanos insisten en la necesidad de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables, como parte de las garantías propias de un Estado de derecho.