Ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría agotarán "todas las vías legales" para personarse en Adamuz

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, señaló que tras anunciar la intención de personarse en el caso del accidente ferroviario de Adamuz —donde fallecieron 46 personas, 28 de ellas de la provincia de Huelva— varios familiares de las víctimas se han acercado al ayuntamiento para buscar respaldo jurídico y conocer el desarrollo del procedimiento. Según consignó el medio Europa Press, tanto el Ayuntamiento de Punta Umbría como el de Huelva anunciaron que recurrirán la decisión judicial que les excluyó del proceso como acusación popular, considerando esencial su presencia para apoyar a las familias y asegurar una adecuada representación institucional en la causa.

De acuerdo con Europa Press, los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría comunicaron que usarán todas las herramientas jurídicas permitidas para intentar formar parte del caso referido al accidente ocurrido en Adamuz, Córdoba, ocurrido en el que más de un centenar de personas resultaron heridas. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Montoro, quien lleva adelante la investigación, resolvió a través de un auto emitido el jueves y conocido el viernes, dejar fuera del proceso judicial a los mencionados ayuntamientos al considerar que “no ha lugar a tenerlos por personados por falta de legitimación para el ejercicio de la acción popular”, conforme notificó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En la misma resolución, la jueza también rechazó la personación de la organización Iustitia Europa por incumplimiento de requisitos formales, fundamentalmente la ausencia de autorización o de un acuerdo específico por parte del órgano correspondiente que le facultara para ejercer la acción penal como acusación popular.

El teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz, sostuvo a Europa Press que recurrirán la decisión judicial a través de un recurso de reforma ante el mismo juzgado que dictó el auto, y, si resultara necesario, interpondrán otro recurso ante la Audiencia Provincial de Córdoba. Muñoz afirmó: “Nosotros agotaremos todas las vías porque consideramos que hay que estar al lado de las familias. Es una obligación de cualquier Administración pública”. El funcionario remarcó que el Ayuntamiento continuará con los trámites hasta el límite permitido por la ley, y lamentó que “se han admitido las de grupos políticos y sindicatos, pero no las de las distintas administraciones públicas, como ha sido el Ayuntamiento de Huelva, Punta Umbría y alguna otra que se ha ido personando”. Esta circunstancia ha motivado que desde el Consistorio se realice un estudio detallado de las razones aducidas por el juzgado para tomar esa determinación.

Muñoz confirmó también que el auto fue notificado al Ayuntamiento el mismo viernes y señaló que el documento contiene más de 14 folios, por lo que los servicios jurídicos municipales comenzaron su análisis técnico para valorar el siguiente paso procesal. El exalcalde de Huelva y actual concejal, Gabriel Cruz, reclamó en el pleno municipal de ese día que el Ayuntamiento recurra la decisión y mantenga los esfuerzos para obtener legitimación como parte acusadora en el proceso.

Por otra parte, Hernández Cansino, alcalde de Punta Umbría, anunció a Europa Press que el ayuntamiento costero presentará recurso ante la Audiencia Provincial de Córdoba, argumentando que entiende que las entidades municipales sí cuentan con legitimación para personarse en el caso en defensa del interés público y de las víctimas de su territorio. El edil subrayó que la jurisprudencia citada en el auto refleja posturas contradictorias acerca de si una administración pública tiene competencia legal para ejercer la acción popular, por lo que considera necesario seguir defendiendo el derecho de los ayuntamientos a participar en estos casos. Hernández Cansino explicó que la cercanía y el conocimiento del entorno de los servicios jurídicos municipales facilitan el acompañamiento a los ciudadanos afectados, un papel que difiere del que asume la Fiscalía, pues los ayuntamientos mantienen un vínculo más directo con las víctimas y familiares.

El funcionario expresó: “No estamos de acuerdo con que sea solamente el Ministerio Fiscal, como organismo público, el que tiene que velar para hacer acusación en representación de lo público, en este caso de un ayuntamiento que ha sido especialmente afectado por este accidente”. Detalló que el consistorio costeño ya formuló la correspondiente querella y cumplió con los trámites legales, por lo que considera ininteligible para la ciudadanía que colectivos como el sindicato Manos Limpias o determinadas organizaciones políticas hayan obtenido legitimación y un ayuntamiento, que concentra un elevado número de afectados, no la reciba.

Además, la resolución judicial también incluyó a otras administraciones que habían solicitado personarse en calidad de acusación popular y que sufrieron la misma exclusión que Huelva y Punta Umbría. Por el contrario, sí se admitió la participación de entidades políticas y sindicales. Esta diferencia generó interrogantes sobre los criterios aplicados para aceptar unas personaciones frente a otras, cuestión que los representantes municipales esperan esclarecer mediante los recursos previstos en la ley procesal.

Según informó Europa Press, los ayuntamientos insisten en que estas acciones no solo protegen a las víctimas directas y sus familias, sino que también buscan preservar el interés general y la representación de los municipios gravemente afectados por un hecho que tuvo impacto social y humano considerable. Los recursos judiciales que presenten Huelva y Punta Umbría deberán ser resueltos en las próximas instancias, comenzando ante el mismo juzgado y, de persistir el rechazo, ante la Audiencia Provincial de Córdoba.

Hasta el momento, no existe un criterio unificado en la jurisprudencia española respecto al rol que pueden asumir las administraciones locales como acusación popular en casos penales vinculados a catástrofes con alto impacto en su demarcación. Por este motivo, tanto Huelva como Punta Umbría mantendrán la estrategia de recurrir cada decisión desfavorable, con el fin de clarificar la legitimidad institucional y ejercer una defensa activa de sus vecinos afectados en el proceso judicial abierto tras el accidente ferroviario de Adamuz.