El Congreso aprueba y envía al BOE la reforma del Código Penal que eleva penas para atajar la multirreincidencia

Las modificaciones impulsadas en el Senado, que determinan la entrada en vigor de las nuevas normas el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) —y no tras veinte días como se había previsto inicialmente—, marcarán la aplicación inmediata de medidas que endurecen el tratamiento penal de la multirreincidencia en España. El Congreso ha aprobado este jueves la reforma del Código Penal enfocada en contener la reincidencia delictiva, destacando el aumento de penas y sanciones para determinados delitos. Según informó El País, la iniciativa se envía ahora al BOE tras recibir el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria, incluyendo al Partido Socialista, Partido Popular, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

El texto aprobado en el Pleno del Congreso responde a una proposición de ley impulsada originalmente por Junts, partido que logró desbloquear la tramitación del proyecto luego de anunciar la ruptura de relaciones con el Gobierno. Según detalló El País, la actitud del Partido Socialista de Desbloquear la propuesta resultó decisiva para alcanzar el acuerdo, que contó con votos a favor de fuerzas de distinto espectro político, si bien se encontró con el rechazo de partidos de izquierda como Bildu, Podemos, Bloque Nacionalista Galego y Compromís. Esquerra Republicana de Catalunya, por su parte, decidió abstenerse.

Al paso del proyecto por el Senado, donde el Partido Popular dispone de mayoría absoluta, se incorporaron enmiendas de calado. Entre ellas destaca una modificación a la Ley de Extranjería, promovida en consenso por PP, Vox y Junts, que establece que en procesos de regularización de personas inmigrantes se verificará que los solicitantes carezcan de antecedentes penales, procedimientos abiertos o causas penales activas en España o en otros estados de residencia previa. El medio El País informó que esta medida surge en el contexto del proceso de regularización en marcha por parte del Ejecutivo.

En la Cámara Alta también prosperó otra propuesta del Partido Popular encaminada a aumentar el número de plazas en la Fiscalía. Esta reforma preveía ampliar, durante un periodo de dos años, la dotación de fiscales en fiscalías de área, provinciales y autonómicas, según un baremo de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a 50.000. No obstante, tanto esta enmienda sobre la Fiscalía como la relacionada con Extranjería quedaron vetadas en el Congreso por el Gobierno alegando razones presupuestarias.

De acuerdo con lo consignado por El País, Moncloa ejerció su facultad de veto sobre ambas enmiendas, sustentando su decisión en el incremento del gasto público que implicarían: la enmienda de Extranjería supondría contratar a 400 funcionarios adicionales en comisarías, con un coste medio de 42.000 euros por plaza, lo que supondría un sobrecoste de 16,78 millones de euros. La ampliación de fiscales requeriría convocar 491 nuevas plazas, con un coste adicional de 53,79 millones de euros. La Mesa de la Cámara Baja, gracias a la mayoría combinada de PSOE y Sumar, avaló el uso de esta prerrogativa, frenando así el debate sobre propuestas que supongan un aumento de gasto público o una disminución de ingresos.

Entre las enmiendas procedentes del Senado que sí alcanzaron la aprobación definitiva destacan dos nuevas figuras delictivas, según reportó el medio El País: la primera fija penas de prisión de entre seis y 18 meses, o multas de uno a dos años, para quienes cometan fraude energético dirigido al cultivo de marihuana. La segunda establece penas de entre tres y cinco años de cárcel para el suministro ilegal de combustible a embarcaciones utilizadas para el narcotráfico, práctica conocida como ‘petaqueo’. Estas enmiendas complementan la reforma penal añadiendo herramientas contra nuevas modalidades de criminalidad organizada.

Además, durante la tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso, los votos de PSOE y Junts permitieron introducir otras reformas punitivas. Entre ellas sobresale el endurecimiento de las penas para el robo de teléfonos móviles, que pasan a castigarse con hasta tres años de prisión, así como el incremento de castigos para ciertos tipos de estafa. El País detalló que las penas contempladas para quienes cometan una estafa inferior a 400 euros —siempre que sean personas multirreincidentes y acumulen al menos tres condenas por este delito— se fijan en una horquilla de entre uno y seis años de privación de libertad.

La nueva normativa, reportó El País, responde a la preocupación por el incremento de delitos cometidos por reincidentes, un fenómeno que ha suscitado debate público sobre la eficacia de las penas vigentes para disuadir la reiteración delictiva. A través de la reforma, el legislador pretende reforzar los elementos de prevención y represión de la delincuencia habitual, introduciendo sanciones más severas y ampliando el alcance de las conductas punibles. Las disposiciones recientemente aprobadas forman parte de un paquete más amplio de reformas legislativas encaminadas a actualizar el marco penal frente a las dinámicas delictivas actuales y las demandas surgidas desde diversas administraciones y colectivos ciudadanos.

Por otro lado, la tramitación parlamentaria ha evidenciado la división política respecto a la orientación penal y migratoria del nuevo texto legal. Mientras que la mayoría formada por PSOE, PP, Vox y Junts encontró puntos de acuerdo, los grupos situados a la izquierda del Gobierno expresaron su rechazo señalando las posibles consecuencias sociales de un endurecimiento penal. Según publicó El País, estos partidos centraron sus críticas en el riesgo de sobrepenalización y en el impacto que las nuevas medidas podrían tener sobre colectivos vulnerables.

Con la publicación de la reforma en el Boletín Oficial del Estado, las nuevas disposiciones legales comenzarán a aplicarse en todo el territorio de inmediato, tal como contempla la modificación introducida durante el proceso en el Senado. El País consignó que la inmediatez en la entrada en vigor responde a la voluntad política de afrontar de forma urgente el fenómeno de la multirreincidencia y a la presión social y política ejercida por sectores afectados por el incremento de delitos contra la propiedad y el fraude.

Las modificaciones aprobadas afectan tanto a delitos tradicionalmente perseguidos —como los robos y estafas— como a formas emergentes de criminalidad asociadas con la economía sumergida y el narcotráfico. En la práctica, el cambio legal implica una variación sustancial en la respuesta penal ante la reiteración de conductas delictivas, con la expectativa de reducir la impunidad percibida y dotar a jueces y fiscales de nuevos instrumentos para intervenir ante la reincidencia.