Anetra recurre ante el Tribunal Administrativo la licitación de Renfe para crear una empresa de autobuses

En reuniones mantenidas con autoridades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), directivos de Renfe, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid, la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) trasladó reiteradas inquietudes acerca de la licitación impulsada por Renfe para constituir una empresa mixta dedicada al transporte de viajeros en autobús. Según informó el medio responsable de la fuente, Anetra formalizó estas preocupaciones mediante una reclamación presentada el lunes 23 de marzo ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con la información difundida por la fuente original, Anetra sostiene que el acuerdo marco licitado por Renfe incumple los principios de libre competencia y de igualdad de acceso en la contratación pública. La asociación, representante de las pequeñas y medianas empresas españolas del sector, advierte que el planteamiento normativo de este proceso “excluye, en la práctica, a la casi totalidad de las pymes”, en beneficio de una estructura empresarial más concentrada. Según publicó la fuente, esta situación “pone en peligro la sostenibilidad del tejido empresarial actual”.

La organización expresó en su reclamación que el proceso promovido por Renfe limita la concurrencia de operadores al favorecer la consolidación de posiciones dominantes en el mercado, perjudicando a miles de empresas y trabajadores del transporte de viajeros por carretera. Tal como consignó el medio original, Anetra cuestiona que una compañía pública recurra a procedimientos que, según su visión, restringen la competencia en lugar de garantizar la mayor participación y acceso posible.

Esta acción judicial se suma a un conjunto de gestiones institucionales realizadas proactivamente por Anetra. En este contexto, el colectivo contribuyó a que la sección de transporte interurbano de viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) adquiera una “postura colectiva y firme” para salvaguardar los intereses del sector, según consignó la fuente.

La polémica generada por el proceso de licitación llevó además al Partido Popular a solicitar la comparecencia del presidente de Renfe ante la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados. El objetivo de esa comparecencia, solicitada conforme reportó la fuente original, consiste en que el máximo responsable de la empresa estatal explique los criterios empleados en el diseño y desarrollo de la licitación, considerada por diversos actores como “claramente lesiva para la competencia y el interés general”.

Fuentes de Anetra citadas por el medio reafirmaron la voluntad de defender la continuidad y la viabilidad de las empresas pequeñas y medianas en el ámbito del transporte de pasajeros por carretera. Según la asociación, está dispuesta a agotar todos los medios legales e institucionales a su disposición con tal de detener la iniciativa y garantizar unas condiciones de contratación pública “justas, transparentes y verdaderamente abiertas” que permitan la supervivencia y el desarrollo del sector.

En su argumentación, Anetra alerta sobre las consecuencias económicas y estructurales derivadas de este modelo de licitación, al considerar que expulsa a las pymes de un mercado estratégico para la movilidad en España. La asociación considera imprescindibles mecanismos de contratación que impidan la concentración excesiva y que equilibren la competencia, evitando el desplazamiento de operadores independientes en favor de grandes grupos empresariales.

Además del procedimiento ante el tribunal administrativo y los contactos con la CNMC, Renfe y distintas autoridades sectoriales, Anetra ha insistido en la necesidad de revisar el alcance y las bases de la licitación. Según recoge la fuente, la intención es impedir la institucionalización de un proceso que, a juicio de la patronal, afectará negativamente a la pluralidad empresarial, la prestación de servicios de transporte y la estabilidad de miles de empleos vinculados a las pymes del transporte.

El proceso de adjudicación, actualmente en revisión tras la reclamación, sigue marcando la agenda política y sectorial, con repercusiones en los ámbitos estatal y autonómico, así como en la interlocución entre las organizaciones empresariales y la Administración.