El Gobierno indulta a seis presos por delitos de estafa, contra la salud pública, tráfico de drogas y lesiones

La decisión de eximir de la prisión a seis personas por delitos como estafa, delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y lesiones se halla condicionada al compromiso expreso de no reincidir en delitos dolosos durante periodos determinados, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), que publica este miércoles los indultos aprobados por el Consejo de Ministros tras analizar los informes judiciales y del Ministerio Fiscal. De acuerdo con la información difundida por el medio, todos los casos se han evaluado bajo el criterio de las “circunstancias y razones de justicia y equidad” recogidas tanto en los expedientes individuales como en los dictámenes de los órganos jurisdiccionales y la Fiscalía.

Según detalló el propio BOE, el primer caso corresponde a María Jesús Blanco Blanco, condenada por la Audiencia Provincial de León el 30 de diciembre de 2020 a 21 meses de prisión y una multa de siete meses con cuota diaria de seis euros, como autora de un delito de estafa y de un delito continuado de falsificación documental. Los hechos abarcaron el periodo entre 2010 y 2017. El Gobierno acordó el indulto de la pena privativa de libertad que le restaba por cumplir, condicionado a no incurrir en nuevo delito doloso durante los próximos cuatro años a partir de la publicación del real decreto.

Tras evaluar los informes del juzgado sentenciador y de la Fiscalía, la siguiente beneficiaria es Daniela Castaño Agudelo, condenada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza a tres años de prisión por un delito continuado de estafa cometido en 2021. En este caso, también se extinguió la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento bajo el mismo criterio de ausencia de nuevos delitos dolosos durante un lapso de cuatro años, tal como recogió el BOE y reportó la publicación.

El Consejo de Ministros extendió la medida de gracia a otros individuos condenados por delitos contra la salud pública. Antonio Cucharero Morales, sentenciado por la Audiencia Provincial de Granada a tres años y diez meses de prisión, más una multa de 100.000 euros con la advertencia de arresto sustitutorio de 71 días en caso de impago, fue incluido en la lista de indultos. La condición impuesta por el Gobierno especifica que la exención de la pena de prisión queda supeditada a que no cometa un delito doloso durante el siguiente periodo de cuatro años.

Otro incorporado es Jesús David González Sariego, sentenciado por la Audiencia Provincial de Asturias (con sede en Gijón) a tres años de prisión y una multa de 35.041,73 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 1.000 euros impagados, por un delito contra la salud pública ocurrido en 2020. En este caso, la propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, expone que el indulto se otorga para la privación de libertad que restaba por cumplirse, y la vigencia de la condición de no reincidencia se reduce a tres años desde la publicación oficial, según reportó el Ejecutivo y consignó el BOE.

Natalia Diéguez Egea figura entre los indultados en relación con el tráfico de drogas. La Audiencia Provincial la condenó a dos años de prisión y una multa de 625 euros, estableciéndose también una responsabilidad personal subsidiaria de un día de cárcel por cada 50 euros impagados, por hechos registrados entre 2016 y 2017 bajo la modalidad de causar grave daño a la salud. El Ejecutivo aplicó el indulto condicionándolo a la ausencia de comisión de delitos dolosos durante dos años.

El listado se completa con José Rodríguez Cortés, a quien el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga condenó a un año y seis meses de prisión por lesiones, con la imposición de no aproximarse ni comunicarse con el perjudicado durante cuatro años. Adicionalmente, recibió una condena de un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio y prohibiciones similares para el delito de amenazas, por hechos ocurridos en 2020. En su caso, el indulto atañe a la privación de libertad pendiente, bajo la premisa de no reincidir en delitos dolosos durante al menos tres años, una vez publicado el decreto en el BOE, según información oficial difundida.

Según publicó el medio, los indultos han surgido de una valoración conjunta y detallada de los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal para cada expediente, destacando la aplicación de criterios de justicia y equidad como pautas fundamentales para la concesión de la medida de gracia. La publicación de estos indultos en la antesala de la Semana Santa marca el inicio de los plazos de los compromisos que asumen los beneficiarios a partir de la entrada en vigor del real decreto.