La Fiscalía pide penas de hasta 46 años de prisión para los asesinos de Borja Villacís

Minutos después de la muerte de Borja Villacís, la Policía localizó a María José E. J., madre de uno de los principales acusados, en un lavadero de coches de la zona de plaza Elíptica, donde había sido grabada cambiando las placas de matrícula de un vehículo implicado. Según informó El País, este hallazgo formó parte de una serie de actuaciones que permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y establecer la presunta participación de varios implicados en una emboscada armada ocurrida el 4 de junio de 2024, en la carretera de El Pardo, Madrid. La Fiscalía de Madrid solicita penas que alcanzan hasta los 46 años de prisión para los responsables señalados del asesinato de Borja Villacís, así como de otros delitos asociados a este caso, de acuerdo con fuentes fiscales citadas por el citado medio.

El Ministerio Público sostiene que Kevin P., de 24 años, y otros dos acusados, planificaron una emboscada en la que utilizaron armas de fuego y vehículos manipulados para ejecutar el ataque que derivó en la muerte del hermano de Begoña Villacís. El procedimiento se encuentra en la fase intermedia, en la que las partes presentan los escritos de acusación y defensa antes de la celebración del juicio, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, según publicó El País.

El fiscal pide para Kevin P. una condena de 46 años, distribuidos entre los delitos de asesinato, dos intentos de homicidio, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Para los otros dos procesados, incluida la madre de Kevin, María José E. J., se solicitan 38 años de prisión a cada uno, por los mismos delitos excepto uno de los intentos de homicidio. El medio El País detalló que el ataque se produjo durante una cita previamente pactada a la que Villacís acudió supuestamente para intervenir como intermediario en un conflicto entre terceros, originado por una denuncia contra Kevin P. por causar destrozos a un automóvil.

De acuerdo con la investigación, María José E. J. fue la primera persona detenida tras el crimen. Según consignó El País, la mujer conducía el coche en el que su hijo habría disparado contra las víctimas y, tras el ataque, manipuló el vehículo para dificultar su localización. El coche fue hallado con abolladuras y airbags activados, daños compatibles con el uso durante la ejecución de los hechos.

Imágenes registradas permitieron identificar a María José E. J. junto a dos varones jóvenes en un descampado cercano a la carretera de Fuencarral a El Pardo, poco tiempo después de producirse el tiroteo. Las autoridades creen que ella llevó a ambos individuos al lugar del ataque, donde uno de ellos, identificado como su hijo Kevin P., habría sido el autor material de los disparos. El acompañante de Borja Villacís resultó herido durante la agresión, precisó El País.

Kevin P. fue arrestado después en Yuncos, provincia de Toledo, en una operación coordinada por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional. En el operativo también fue detenido Ismael E. I. V., de 24 años, cuando, según las pesquisas policiales citadas por El País, ambos intentaban abandonar su escondite tras el crimen.

La investigación policial también incluyó el arresto de un tercer individuo, Omar, quien fue puesto en libertad bajo cargos al determinarse que no había participado directamente en la ejecución del homicidio. Sin embargo, El País reportó que Omar habría ofrecido refugio a los supuestos autores materiales en una vivienda ocupada, lo que propició su implicación en el marco de la causa judicial.

Las primeras conclusiones de las pesquisas descartan que Borja Villacís fuera el objetivo principal del ataque. Según la información divulgada por El País, Villacís asistió a la cita en calidad de mediador debido a un conflicto previo entre otras partes, relacionado con denuncias por daños materiales a un vehículo atribuidas a Kevin P.

La acusación fiscal describe el ataque como una emboscada premeditada, en la que se coordinaron vehículos y armas para asegurar la ejecución del delito y dificultar la identificación de los responsables. Este planteamiento se basa en los desplazamientos previos que realizaron los implicados, los cambios de matrícula del coche utilizado y los indicios recogidos en la escena y en las inmediaciones, según detalló El País a partir de las fuentes relacionadas con el caso.

El proceso judicial continúa en curso, manteniéndose en la fase de presentación de escritos por parte de la Fiscalía y las defensas de los acusados. La familia de la víctima ha sido informada puntualmente de los desarrollos, mientras el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid concentra las actuaciones previas al juicio, que será el encargado de determinar la responsabilidad penal de los implicados conforme a la petición presentada por el Ministerio Público y la evidencia recabada por la policía, de acuerdo con la cobertura brindada por El País.