
En las primeras horas del 30 de octubre, durante una reunión del Cecopi, la prioridad dejó de ser la búsqueda de víctimas y se centró en el acceso a zonas que permanecían incomunicadas tras la dana que afectó la provincia de Valencia. Según informó Europa Press, el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, reportó que ya se hablaba de numerosas víctimas poco después de la medianoche, aunque en las siguientes reuniones la atención se desvió hacia la logística para llegar a las áreas aisladas.
La comisión del Congreso de los Diputados que investiga la gestión de la depresión aislada en niveles altos (dana) —fenómeno meteorológico que el 29 de octubre de 2024 provocó 230 muertes en Valencia— ha citado a comparecer el próximo 20 de abril tanto a Núñez como al exdirector general de Innovación en Emergencias de la Generalitat, Raúl Quílez. Europa Press detalló que Núñez se convierte así en el primer representante de un organismo estatal requerido a declarar en este proceso, después de que ambos funcionarios hayan sido críticos respecto a la toma de decisiones y la falta de liderazgo durante la emergencia.
Según publicó Europa Press, Núñez ha manifestado ante la justicia y en otras instancias públicas su inconformidad con la demora en la adopción de medidas por parte del Cecopi, órgano dirigido por la exconsellera de Interior y Justicia Salomé Pradas —imputada en el juzgado de Catarroja encargado de esclarecer responsabilidades sobre la tragedia—. La jornada del desastre estuvo marcada por un lapso de casi una hora de inactividad por parte del Cecopi. Tras ese intervalo, a las 19:12, Núñez comunicó al delegado regional de Aemet, Jorge Tamayo, la decisión de enviar un aviso a la población.
El medio Europa Press recogió también que Núñez no recordaba que se hubiera discutido antes ese día el envío del mensaje de alerta, mientras que el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, indicó en su comparecencia ante la comisión que él propuso inicialmente emitir ese aviso hacia las 17:15 y, de nuevo, a las 17:38, coincidiendo con la alarma por una posible rotura de la presa de Forata. Tanto Suárez como Núñez señalaron que la posibilidad de dicha rotura ocupó la atención del Cecopi desde los momentos iniciales de la crisis.
A las 21:34, de acuerdo con la información recopilada por Europa Press, Núñez comunicó al equipo de Aemet que la situación en Forata había mejorado y descartaba el escenario de colapso de la presa. Más tarde, ya entrada la madrugada, Núñez informó internamente sobre el incremento en el número de víctimas. La comisión del Congreso también recibió detalles de que en la siguiente reunión, celebrada a las 6:00 del 30 de octubre, la conversación oficial giró hacia la dificultad de acceder a los lugares afectados, en lugar de centrarse en el balance de víctimas.
Europa Press reportó que las actuaciones del Cecopi durante la crisis no solo fueron objeto de debates verbales, sino que también quedaron recogidas en grabaciones realizadas telemáticamente. Esas grabaciones formaron parte de la investigación penal abierta por la jueza Ruiz Tobarra, que además de citar a Núñez, mantiene imputados a la exconsellera Pradas y al entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
El próximo 20 de abril, además de Núñez, deberá comparecer Raúl Quílez, que dirigió el área de Innovación en Emergencias en la Generalitat hasta febrero de 2025. Quílez renunció poco después de declarar ante la jueza Ruiz Tobarra en calidad de testigo. Según consignó Europa Press, Quílez reconoció durante esa declaración que había tenido acceso a los vídeos grabados en la reunión del Cecopi, donde se podía observar a Pradas dando órdenes y asumiendo el liderazgo. Esas grabaciones se produjeron gracias a una productora contratada por la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise), empresa pública donde Quílez ejercía como director gerente. Dichas imágenes permanecieron sin remitirse al juzgado durante once meses.
Testimonios recogidos por Europa Press explican que Quílez tomó conocimiento de los vídeos a raíz de una pregunta parlamentaria en febrero y logró visualizar el contenido en marzo del año siguiente. No fue hasta comienzos de octubre que la magistrada recibió formalmente los archivos, después de reclamarlos judicialmente. Por su condición de testigo, Quílez testificó bajo obligación legal de veracidad.
En sus explicaciones ante la jueza, Quílez transmitió las dudas que expresó Pradas antes de autorizar el envío del mensaje de alerta, el Es Alert. Además, Quílez precisó que las decisiones concernientes a la comunicación no se adoptaron en el seno del Cecopi, sino fuera de la sala de reuniones. También negó la existencia de un debate entre el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el entonces jefe de Bomberos, José Miguel Basset, sobre el contenido del mensaje de aviso.
Las sesiones de la comisión parlamentaria buscan determinar las causas y responsabilidades individuales y colectivas respecto al elevado número de víctimas y las limitaciones en la gestión de la emergencia. Según Europa Press, los testimonios de Núñez y Quílez, así como las pruebas documentales y audiovisuales recolectadas, resultan claves para arrojar luz sobre la cadena de decisiones, las posibles demoras y la coordinación de recursos durante el episodio de la dana en Valencia.
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